Con nuevo Poder Judicial, FGR emprendería procesos penales contra juzgadores

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que, tras la eventual reforma al Poder Judicial, la Fiscalía podrá iniciar procedimientos contra jueces, magistrados y ministros que hayan incurrido en conductas presuntamente delictivas.

“Actualmente no nos dejan proceder en el Poder Judicial, porque dictaron un acuerdo interno, el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”, sostuvo Gertz.

Agregó que, con la modificación legal propuesta, “eso se acabó, tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo”.



El titular de la FGR explicó que, en este momento, la Fiscalía únicamente puede iniciar procedimientos penales cuando lo autoriza el propio Poder Judicial. “Eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal”, declaró.

Añadió que las denuncias que preparan están dirigidas a servidores judiciales específicos: “No es todo el Poder Judicial, son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito”.

Gertz Manero anticipó que la nueva reforma les permitirá actuar no sólo como autoridad investigadora, sino también como víctimas. “Vamos a poder, a partir de este cambio –que ese sí es fundamental– tener esa capacidad, no como autoridad, sino como víctimas”, afirmó.



Resoluciones favorecieron a delincuentes

Durante la conferencia “mañanera del pueblo”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un informe sobre resoluciones judiciales que han favorecido a presuntos delincuentes.

“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órganos jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”, sostuvo.



Precisó que “se han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa que más de 100 delincuentes regresaron a las calles”.

En su exposición, García Harfuch señaló al juez Enrique Hernández Miranda, del estado de Sonora, como responsable de 58 resoluciones que derivaron en egresos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto. También mencionó a Aníbal Castro Borbón, de la misma entidad, con 15 resoluciones.

“Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo con 5 resoluciones de traslado entre ceferesos a personas privadas de la libertad vinculadas a delitos de alto impacto”, explicó el secretario.



Agregó que “de los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones, y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones”.

Informó que, entre octubre de 2024 y abril de 2025, fueron liberadas 26 personas pertenecientes a distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Zetas y “Los Rojos”.

“Tenemos un reporte sobre jueces que han favorecido a presuntos delincuentes. En el periodo comprendido entre 2024 y lo que va de 2025, hemos sido testigos de un alarmante número de determinaciones judiciales, que lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden”, expresó.



García Harfuch advirtió que se documentaron 27 traslados de personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios sin cumplir con las formalidades del proceso.

“Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto”, explicó.

Añadió que “en su mayoría estos sujetos requerían de medidas de seguridad específicas que no fueron tomadas en cuenta para sus traslados de mínima seguridad”. Recordó también que, en un operativo reciente, el Gobierno mexicano extraditó a Estados Unidos a 29 líderes del narcotráfico que estaban recluidos en cárceles mexicanas, acusados de delitos como tráfico de drogas, homicidio, lavado de dinero y uso ilegal de armas de fuego, algunos de ellos con procesos en Veracruz.