Los cambios en la Dirección General de Administración del Poder Judicial no han generado avances en el cumplimiento de la deuda por 42 millones de pesos que tiene dicha institución con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
La directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, recordó que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por la falta de ese pago, instancia que tampoco ha mostrado avances en su investigación.
Griego Ceballos añadió que han tenido comunicación constante con el Poder Judicial, aclarando que el saldo pendiente se generó cuando no se pagaron cuotas en los años 2015 y 2016, pues el Poder Judicial no adeuda capital, enterando de manera normal cuotas y aportaciones
Precisó que el Instituto no requirió el pago de los 42 millones de pesos en su momento y el Poder Judicial tampoco lo pagó, pero dicho pendiente generado hace más de 7 años no puede “desaparecer”.
“Nosotros hemos hecho lo que nos faculta la Ley, aclarar la cobranza con el Tribunal, con la presidenta del Tribunal y esperamos una respuesta porque no podemos desaparecer la deuda. Ahí está, incluso hay una denuncia presentada en años anteriores y tenemos que esperar, por un lado, la resolución de esa denuncia, pero también la respuesta del Tribunal”, dijo Griego Ceballos.
Aclaró que la mayoría de las denuncias presentadas por el IPE en contra de entes deudores están en la Fiscalía Anticorrupción y algunas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado, las cuales continúan en proceso de investigación.
“Nos requieren información constantemente, nosotros prácticamente todas las semanas remitimos estados de cuenta, los oficios que hacemos cobrando, las actas de la Comisión de Verificación. En una labor cotidiana y nosotros todo lo que tenemos al alcance se aporta en este caso ante la Fiscalía Anticorrupción que nos requiere información continua, sobre todo a los Ayuntamientos”, indicó la directora del IPE
Añadió que aparte del Poder Judicial, algunos Ayuntamientos tienen deudas con el IPE por un monto de 190 millones de pesos, sin embargo, seguirán buscando generar acuerdos para no dejar desprotegidos a los trabajadores.