Una sentencia condenatoria de 70 años de prisión recibió un hombre identificado como Pedro “N”, luego de que se acreditara su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado, cometido en el municipio de Amatlán de los Reyes.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), obtuvo la resolución judicial como resultado de las investigaciones ministeriales y las pruebas presentadas durante el juicio oral.
De acuerdo con la información oficial, la sentencia fue dictada por el órgano jurisdiccional del Distrito Judicial de Córdoba, como parte de las acciones realizadas durante el periodo comprendido del 1 al 7 de octubre.
Los hechos por los que fue sentenciado Pedro “N” ocurrieron el 18 de febrero de 2022, en un camino de terracería que comunica a Paraje Nuevo con Atoyaquillo, en el municipio de Amatlán de los Reyes.
En ese lugar, la víctima, quien se desempeñaba como agricultor, fue privada de la libertad por sujetos armados, quienes posteriormente exigieron a sus familiares el pago de una cantidad de dinero a cambio de liberarlo.
Tras las investigaciones correspondientes, el 22 de febrero de ese mismo año se llevó a cabo un operativo policial que permitió la detención en flagrancia del ahora sentenciado, quien presuntamente acudió a cobrar el dinero exigido por la liberación de la víctima. Durante el mismo operativo, las autoridades lograron liberar a la persona que permanecía privada de la libertad.
Los hechos quedaron asentados en el juicio oral 81/2023, durante el cual se desahogaron las pruebas correspondientes para determinar la responsabilidad penal del acusado.
Como resultado del proceso judicial, el órgano jurisdiccional impuso a Pedro “N” una pena de 70 años de prisión por el delito de secuestro agravado. Asimismo, determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La identidad de la víctima se mantiene bajo resguardo legal, en atención a las disposiciones aplicables y al respeto de sus derechos.
La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de procurar justicia y combatir los delitos que atentan contra la vida, la libertad y la integridad de las personas, mediante investigaciones ministeriales que permitan llevar ante los tribunales a quienes resulten penalmente responsables.