Ir a Menú

Ir a Contenido

Cultura Viva
Universidad Anahuac

Sección: Nacional

Condenó el Senado desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca

“Es un crimen que pone de manifiesto la descomposición de un Gobierno”, afirmaron legisladores del PRD

Ignacio Arellano Mora Ciudad de M?xico, CDMX. 04/02/2016

alcalorpolitico.com

El Senado de la República condenó enérgicamente la desaparición forzada cometida en agravio de cinco jóvenes por elementos de la Policía Estatal de Veracruz en el municipio de Tierra Blanca.

Asimismo, exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar, dentro de la averiguación previa abierta con motivo de los hechos en Tierra Blanca, Veracruz, las diligencias que permitan, de manera urgente y prioritaria, localizar con vida a los 5 jóvenes desaparecidos.

“Estas actuaciones deben efectuarse con el mayor rigor técnico, legal y científico para asegurar su confiabilidad, de tal forma que responsabilidades penales se finquen a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición y no a chivos expiatorios mediante la fabricación de pruebas”, afirmó.



En tanto, exhortó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para que impulse el debate, diseño e implementación de Política Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada.

“Obligue bajo un marco legal adecuado a las autoridades federales, estatales y municipales, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la identificación de factores de riesgo de la comisión de este delito en instituciones de seguridad, para que sean atendidos y erradicados, el cual vaya acompañado de un fortalecimiento de los esquemas de rendición de cuentas y control parlamentario sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, que por un lado eviten el ocultamiento de sus debilidades institucionales y por el otro permita la corrección de dichas debilidades”, señaló.

TRATA DE MINIMIZAR LO OCURRIDO



En un punto de acuerdo, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resaltaron: “la desaparición forzada es un delito que no sólo priva de la libertad a una persona y destroza la tranquilidad sus familiares”.

Para colaborar en este esfuerzo, afirmó el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática impulsará la discusión y aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.

Asimismo, sostuvieron, “es un crimen que pone de manifiesto la descomposición de un Gobierno porque el delito es cometido por un agente del Estado. En este caso, por policías que prometieron cumplir la ley y proteger a la sociedad”.



“La tragedia para los familiares y el agravio al Estado de Derecho son aún más indignantes y graves cuando el Gobierno local trata de minimizar lo ocurrido y reducir el problema a siete elementos policiacos corruptos”, apuntaron.

Indicaron que “uno de los mayores errores políticos que puede cometer un Gobierno es no reconocer la gravedad de un problema, y eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno de Veracruz”.

Sostuvieron: “reducir la magnitud real de un acto de corrupción es una forma clara de eludir la rendición de cuentas ante la sociedad y otros actores políticos para no asumir las responsabilidades públicas que correspondan”.



“Es una manipulación que no ayuda a resolver la tragedia y que, en cambio, le resta aceleradamente credibilidad al Gobierno”, dijeron.

Más adelante, agregaron, “si el Gobierno de Veracruz está más ocupado en instrumentar un control de daños para proteger la imagen del mandatario estatal que en desplegar una investigación profesional y expedita que conduzca a la localización de los jóvenes desaparecidos, es claro que dicha administración es incapaz de dos cosas, igualmente importantes para la seguridad de los veracruzanos”.

De solucionar la grave violación a los derechos humanos que es la desaparición forzada de estos cinco jóvenes y construir las condiciones institucionales para que estos deleznables hechos no vuelvan a ocurrir.



El tratamiento de esta tragedia debe ser propio de un régimen democrático, bajo los siguientes elementos:

1.- La investigación debe ser realizada por una dependencia con las capacidades institucionales que permitan, de manera urgente y prioritaria, localizar “con vida” a los 5 jóvenes desaparecidos. Esta investigación debe efectuarse con el mayor rigor técnico y científico para asegurar su confiabilidad, de tal forma que responsabilidades penales se finquen a los verdaderos autores materiales e intelectuales de la desaparición y no a chivos expiatorios mediante la fabricación de pruebas.

2.- Debe darse una protección eficaz a los familiares de las víctimas que asegure su derecho a la verdad, a la tutela judicial, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.



Por la forma en que se ha conducido el Gobierno de Veracruz ante este hecho, es claro que las instituciones locales de procuración de justicia carecen de la capacidad y credibilidad para conducir una investigación que cumpla con estas condiciones.

La única salida es que la Procuraduría General de la República, a partir de la averiguación previa que ya abrió sobre este caso, lo atraiga totalmente y asuma el compromiso de realizar una investigación técnica que garantice el cumplimiento de las condiciones ya mencionadas.

3.- Por último, los hechos de Tierra Blanca, Veracruz, junto con otros lamentables casos de desaparición forzada que se han presentado en el país hacen evidente la carencia de una Política Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada.



En tanto, los legisladores argumentaron, “obligue bajo un marco legal adecuado a las autoridades federales, estatales y municipales, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la identificación de factores de riesgo de la comisión de este delito en instituciones de seguridad, para que sean atendidos y erradicados”.

A su vez, precisaron, “vaya acompañado de un fortalecimiento de los esquemas de rendición de cuentas y control parlamentario sobre la actuación de los cuerpos de seguridad, que por un lado eviten el ocultamiento de sus debilidades institucionales y por el otro permita la corrección de dichas debilidades”.