Congreso aprobó reformas a Ley de Obras Públicas que dan a SIOP el control de obras

El Congreso local aprobó reformas a la Ley de Obras Públicas que concentran en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) la interpretación administrativa de la norma, obligan a entes y contratistas a tramitar licencias y derechos de propiedad antes de ejecutar proyectos, y formalizan el cobro del cinco al millar en cada estimación de obra para financiar su vigilancia e inspección, pese a advertencias de que la dependencia será “juez y parte”.

La modificación avalada con 36 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, fue presentada por el diputado Carlos Marcelo Ruíz Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, y dictaminada en sentido positivo por la Comisión Permanente de Comunicaciones.

El dictamen señala que la reforma busca “consolidar un sistema de obra pública basado en la prevención, la certeza jurídica y la autosuficiencia financiera en su fiscalización”.



El artículo 8 reformado otorga a la SIOP la facultad de interpretación administrativa, con opinión de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN). En el artículo 19 se establece que entes y contratistas deberán contar con licencias, dictámenes, derechos de bancos de materiales y de vía antes de iniciar las obras.

La adición al artículo 63 prevé que el cobro del cinco al millar será retenido por SEFIPLAN o la Tesorería municipal y destinado a la supervisión técnica. El dictamen afirma que “es una práctica consolidada y de probada eficacia a nivel federal” y que permitirá “combatir la corrupción” mediante vigilancia cercana.

Discusión



En la discusión, la diputada Ana Rosa Valdés Salazar, del grupo legislativo mixto Veracruz Nos Une, advirtió que la reforma implica “la concentración del poder público en una sola dependencia de la administración pública estatal”. Añadió que “no debe la soberanía estatal representada con este Congreso ceder sus facultades normativas”.

Por su parte, la diputada Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, afirmó que la centralización “puede dar orden” pero mantiene “vacíos y lagunas que abren la puerta a la opacidad, la corrupción y el amiguismo”. Señaló que la SIOP “se vuelve juez y parte” y “la secretaría más poderosa que ha existido en este Estado desde hace varios sexenios”.

En defensa del dictamen, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez sostuvo que “la vigilancia de una obra no es un gasto, es una inversión de calidad”. Aseguró que el mecanismo del cinco al millar permitirá “asegurar que la supervisión de la calidad esté siempre garantizada sin afectar otras partidas presupuestales”.



El legislador agregó que la reforma permitirá “una ejecución más ordenada, eficiente y transparente de los proyectos” y que “la fiscalización no dependerá de recursos extraordinarios ni de decisiones discrecionales”.

El diputado morenista José Ricardo Ruiz Carmona afirmó que las reformas “evitarán confusiones a la hora de la aplicación de la norma” y que la retención “no representará un costo para el Estado o los municipios”. Sostuvo que la medida está en línea con el plan de la gobernadora Rocío Nahle para “hacer más moderno y eficiente el aparato gubernamental”.

Ruiz Carmona aseguró que “esta reforma no busca centralizar el poder, sino dar certeza jurídica a todos los participantes del proceso de obra pública” y que “la supervisión técnica es indispensable para garantizar que las obras se entreguen en tiempo y forma”.



Finalmente, el dictamen aprobado afirma que “la reforma es congruente con el marco jurídico federal” y que “permitirá a la SIOP y a los municipios ejercer un control más efectivo sobre el uso de recursos públicos destinados a infraestructura”.