Congreso aprueba a Lisbeth Jiménez como nueva Fiscal de Veracruz

Con el voto a favor de diputados de la oposición, el Congreso local nombró a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle

Con 40 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, la votación se realizó horas después de que el pleno recibió la renuncia de Verónica Hernández Giadáns y activó por primera vez el modelo establecido en la reciente reforma constitucional que otorga al Poder Ejecutivo la facultad central en el nombramiento de la Fiscalía.

Desde la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) se sostuvo que la propuesta de la gobernadora cumplía con los requisitos legales y técnicos previstos en la Constitución local.



Una vez verificado el tablero, se confirmó la mayoría calificada requerida en el artículo 67 de la Constitución local. El pleno instruyó notificar la resolución a los poderes Ejecutivo y Judicial y ordenó su publicación en la Gaceta Oficial. Posteriormente, se comisionó a 5 diputados para recibir y conducir al recinto a la nueva fiscal.

Al reanudarse la sesión, Jiménez Aguirre rindió protesta por un periodo de cuatro años en el cargo, si bien pidió licencia al cargo de magistrada por uno.

Los panistas Delfín López Luz Alicia y Fernando Yunes votaron en abstención. Por su parte, en contra votaron la diputada de MC, María Elena Córdova, así como los diputados del PAN, Enrique Cambranis, Indira Rosales San Román, Ana Rosa Valdez y Héctor Yunes Landa.



A favor votaron opositores como el legislador de MC, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, así como los diputados del PVEM y de MORENA.

Detenciones “a modo”: MC
La diputada de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, anunció desde tribuna que su bancada votaría en contra de la designación.

Planteó que el modelo impulsado por MORENA y sus aliados, derivado de las reformas constitucionales recientes, no garantiza independencia y profundiza la desconfianza en la procuración de justicia.



“Esta no es postura contra la persona que llegará, que quede muy claro. Nuestra postura es contra el método, porque el método define la independencia de una institución y bajo este método no puede haber autonomía real”.

Córdova Molina vinculó el debate con el resultado que, dijo, dejó el ciclo que concluye en la Fiscalía. Sostuvo que la desconfianza ciudadana no responde a declaraciones aisladas, sino a un periodo completo de mal funcionamiento de la institución.

“La ciudadanía no desconfía por dicho, desconfía porque el ciclo de la fiscalía que hoy se fue dejó un profundo daño. Como decimos en los pueblos, la burra no era arisca, la hicieron a punta de golpes”, expresó.



Recordó el caso del delito de ultrajes a la autoridad. Lo calificó como un ejemplo de abuso que requirió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Ultrajes a la autoridad, un abuso tan desproporcionado que tuvo que intervenir la Suprema Corte para frenarlo. El máximo tribunal declaró inconstitucional ese delito y le recordó a la Fiscalía que encarcelar inocentes no es justicia, es abuso”, expuso.



También se refirió a la detención de José Manuel del Río Virgen, al que describió como “un proceso fabricado usado como arma política” y como evidencia de actuación por consigna.

“Ese caso evidenció que la institución actuaba por encargo, no por legalidad”, acusó. Añadió que durante estos años la Fiscalía decidió “a quién perseguir y a quién proteger”, mientras otros expedientes permanecieron sin avance.

Será fruto envenenado: Héctor Yunes
El debate en el pleno incluyó también cuestionamientos del diputado Héctor Yunes Landa, del grupo mixto “Veracruz nos Une”, quien sostuvo que el nombramiento reproduce un esquema de subordinación al Poder Ejecutivo y presenta “dos problemas de origen”.



Advirtió que el relevo en la Fiscalía coloca al Gobierno estatal ante una responsabilidad directa sobre los efectos de la designación.

Yunes afirmó que el Ejecutivo busca instalar a “una funcionaria que no es confiable porque recibe dictados del Ejecutivo” y sostuvo que “con el nombramiento de la nueva fiscal del Estado (...) se cumple con la doctrina del fruto envenenado”. De acuerdo con su planteamiento, “el árbol envenenado del nombramiento de la fiscal tiene dos problemas de origen”.

En su primer señalamiento se refirió a la reforma constitucional aprobada para evitar repetir el “atraco legislativo del 4 de septiembre del 2019”. Sostuvo que, pese a ese propósito, el proceso actual “ha estado viciado de origen” porque elimina la autonomía de la institución.



Afirmó que la reforma convierte a la Fiscalía “en una integrante más del gabinete” y que, en este esquema, “la responsabilidad de este nombramiento y de sus consecuencias (...) recaerá exclusivamente en la señora Gobernadora del Estado, porque ella la propone y ella la remueve”.

El segundo punto se centró en el perfil de la persona propuesta. Recordó que la aspirante ya fue presidenta del Tribunal Superior de Justicia y que, en ese periodo, “vendió sentencias a través de su secretario particular, David Cardeña”.

Dijo que ese funcionario “ya tiene el zarape de la impunidad que le concede ser el director jurídico del Poder Judicial”. Añadió que la magistrada compitió por la reelección y que “los veracruzanos la rechazaron”.



Sobre una declaración de la propia magistrada, señaló que “apenas el jueves pasado dijo que no buscaría la Fiscalía: ‘Tomé protesta por 9 años para ser magistrada’”,

El diputado relató que sólo fue recibido una vez por la entonces presidenta del Poder Judicial, acompañado por el jurista Tomás Mundo, para plantear el programa Veracruzano Inocente, cuyo objetivo era revisar los casos de personas privadas de la libertad sin sentencia.

Explicó que solicitó un encuentro adicional y que “su respuesta siempre fue que su agenda estaba llena”. Detalló que presentó un escrito para pedir un acuerdo que instruyera a los jueces a revisar de oficio esas situaciones, pero la respuesta fue “el silencio”.



Panistas a favor y en contra
La diputada del PAN, Indira Rosales San Román, recordó que la fiscal saliente asumió el cargo en 2019 y sostuvo que ese periodo mantuvo al estado en niveles altos de impunidad.

“Lo de este congreso recibió finalmente la renuncia de la fiscal general del Estado, que desde septiembre del 2019 al día de hoy, durante seis largos años, mantuvo a Veracruz como uno de los estados con mayor impunidad. Del 91.44% en el 2023 de de acuerdo con México Evalúa”, expuso.

Rosales San Román afirmó que, en esos años, la Fiscalía operó con fines políticos. “Sí, fue muy eficiente. Fue muy eficiente, pero para ser el brazo ejecutor de venganzas y persecuciones políticas de un grupo que se encontraba en el poder”, sostuvo, antes de señalar que su bancada recibió “con beneplácito su remoción, perdón, su renuncia”.



Desde tribuna dirigió un mensaje a la próxima fiscal: “Esta es la mayor responsabilidad que ha tenido y que tendrá seguramente dentro de su vida profesional y que debe desempeñarla de forma proba y honorable y que desde este Congreso (...) seremos vigilantes de su trabajo”.

El diputado del PAN, Fernando Yunes Márquez, inició su intervención con un planteamiento sobre la salida de Hernández Giadáns: “Creo que es muy importante preguntarnos, ¿era necesaria la remoción de la fiscal general del Estado? La respuesta es unánime... Es una remoción, no es una renuncia”, dijo.

Sobre el perfil de la propuesta, advirtió que no emitiría juicio personal sin elementos. “Sería injusto juzgarla de manera personal sin tener elementos sólidos para hacerlo. Sería frívolo y no lo haré”, afirmó.



Sin embargo, consideró que la próxima fiscal deberá definir si mantiene prácticas políticas o recupera la institucionalidad: “Será la fiscal quien decidirá si continúa o no por el camino de la persecución política o regresa al camino de la institucionalidad y la justicia sin colores para todos”.

El diputado sostuvo que la nueva titular enfrentará una institución con rezagos. “Deberá responder a un estado que clama justicia... Le tendrá que responder a las víctimas, a los familiares de los desaparecidos, pero sobre todo al más del 80% de veracruzanos que prefieren no denunciar... Este es el reto al que se enfrenta”, señaló.

Yunes Márquez confirmó que acompañaría el nombramiento: “Acompaño el nombramiento de la ciudadana Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre para que sea la próxima fiscal general del Estado”. Reiteró, no obstante, su rechazo a la reforma.



Llamó a las y los legisladores a decidir más allá de las posiciones partidistas. “Veracruz no es de nadie... Nuestro deber es analizar, reflexionar y decidir”, dijo. Y cerró advirtiendo que habrá vigilancia sobre el desempeño de la nueva fiscal: “Tiene mi confianza... pero también que sepa que la estaremos observando. Estaremos solicitando rendición de cuentas periódica”.

MORENA y PVEM, a favor
En respuesta a las críticas y para defender tanto la reforma como la designación, el diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez subió a tribuna en representación del bloque que respaldó la propuesta de la gobernadora.

Señaló que el Congreso tenía la responsabilidad de designar a quien encabezará la Fiscalía General del Estado, “una institución clave, fundamental para la paz y el orden en Veracruz”.



Ruiz Sánchez sostuvo que Veracruz requiere una persona con conocimiento del sistema judicial y de la integración de las carpetas de investigación.

“Veracruz necesita experiencia. Veracruz necesita alguien que conozca las entrañas del sistema judicial, que sepa cómo armar una carpeta de investigación sólida para que los delincuentes no salgan por la puerta giratoria.

“¿Qué mejor que alguien que ha estado del otro lado? juzgando para entender qué se necesita para que la justicia sea efectiva”, planteó. Añadió que el grupo legislativo al que pertenece votaría a favor de la propuesta y del nuevo modelo”.



Defendió la legalidad de la designación. Afirmó que “la designación de la fiscal Lisbeth es legal, es legítima y estamos seguros de que será benéfica para la justicia en Veracruz”.

Rechazó que exista una “fiscal carnal” y sostuvo que el equilibrio recae en el Congreso. “No hay fiscal carnal. Esto es porque en el Congreso se votan las dos terceras partes. Si hay consenso, hay legitimidad. Y si no votan, es culpa del Congreso, no del gobernador. Que no nos hayamos podido poner de acuerdo por estos dos ejercicios y si no la designación directa”, indicó.

Finalmente, resaltó la legitimidad electoral de la magistrada como argumento a favor de su nombramiento. Recordó que participó en la elección de jueces organizada este año en Veracruz, obteniendo el respaldo ciudadano más alto en materia penal.



El diputado Paul Martínez sostuvo que su bancada respalda la designación porque, dijo, cumple con la preparación requerida para encabezar la Fiscalía. “Respaldamos la propuesta de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como fiscal general del Estado, porque confiamos en que llevará a la realidad una gestión honesta y cercana al pueblo, donde la justicia no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho accesible para todos”, expresó.

El legislador afirmó que la aspirante acreditó estudios y trayectoria en derecho penal, procesal penal y criminología. Señaló que se desempeñó como “secretaria de estudio y cuenta, jueza de control y enjuiciamiento, magistrada de la primera sala penal, llegando hasta la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del entonces Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz”.

Martínez argumentó que la combinación entre teoría y práctica en materia penal fortalece su candidatura. “La convierten en una candidata idónea para desempeñarse como fiscal general”, dijo, al considerar que el nombramiento “se alinea con los nuevos requisitos para configurar un perfil sólido, integral y de vanguardia, exigiendo pericia técnica, capacidad de administración y dirección institucional”.



Añadió que el proyecto responde a las exigencias ciudadanas. “Este proyecto de punto de acuerdo responde al mandato popular de construir instituciones sólidas capaces de enfrentar los desafíos de la inseguridad y la desigualdad”, declaró.