Congreso de Veracruz aplaza hasta junio de 2028 elección judicial pendiente

Con 36 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Veracruz aprobó la reforma impulsada por la diputada de MORENA Tanya Carola Viveros Cházaro, que aplaza hasta junio de 2028 la elección de las magistraturas y juzgados que no fueron renovados en 2025, modifica la selección de candidaturas y establece la evaluación de jueces electos durante su primer año en funciones.

La reforma también hace coincidir la elección judicial con los comicios ordinarios federales o locales, ordena realizar el conteo de votos en las casillas y crea una comisión integrada por representantes de los tres poderes para homologar los criterios de evaluación de aspirantes. Durante la discusión la oposición sostuvo que el dictamen representa una “reforma de la reforma” y deja en evidencia las fallas en el modelo judicial impulsado por MORENA.

El diputado Héctor Yunes Landa cuestionó que los cambios garanticen la independencia del Poder Judicial; Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) los calificó como “la reforma de la reforma fallida y María Elena Córdova Molina (MC) afirmó que una modificación constante revela problemas de diseño.

Por su parte, Indira de Jesús Rosales San Román (PAN) acusó que las nuevas reglas permitirán al partido mayoritario intervenir en la selección de candidaturas. La propuesta fue aprobada sin abstenciones durante el periodo extraordinario de sesiones. Los seis votos en contra correspondieron a legisladores de oposición, quienes señalaron que los cambios representan una reforma al fracaso de MORENA, al modificar el modelo aplicado en el proceso judicial de 2025.

La ley es perfectible, afirma la mayoría

La mayoría legislativa sostuvo que las adecuaciones buscan incorporar las experiencias de la primera elección judicial y armonizar la Constitución de Veracruz con la reforma federal publicada el 2 de junio de 2026.

El decreto modifica los artículos 59 y 62 de la Constitución estatal, además de disposiciones transitorias de la reforma judicial aprobada en diciembre de 2024 y ajustada en enero de 2025. Con los cambios, las magistraturas, juezas y jueces de Primera Instancia que no fueron sometidos a votación en 2025, así como las vacantes existentes, deberán elegirse durante el proceso electoral 2027-2028. La jornada se celebrará el primer domingo de junio de 2028 y las personas electas rendirán protesta ante la LXVIII Legislatura el 1 de septiembre de ese año. Los cargos tendrán una duración de ocho años, por lo que las magistraturas y juzgados renovados concluirán sus funciones el 31 de agosto de 2036.

En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, las dos magistraturas que serán renovadas en 2028 durarán cinco años y terminarán su periodo en 2033, con el fin de que su siguiente elección coincida con los comicios ordinarios. La reforma establece que la elección de integrantes de los tribunales Superior de Justicia, de Disciplina Judicial y de Conciliación y Arbitraje se realizará en una sola circunscripción estatal. La elección de juezas y jueces de Primera Instancia también será estatal, aunque las candidaturas y los votos serán diferenciados de acuerdo con la especialidad de cada juzgado.

La jornada judicial se efectuará en los mismos lugares donde se desarrollen las elecciones ordinarias federales o locales de 2028. Las autoridades electorales deberán impedir la intervención de representantes de partidos políticos. A diferencia del modelo utilizado en 2025, el escrutinio y cómputo de los votos se realizará en la casilla donde sean emitidos y no en centros posteriores de conteo. Las boletas identificarán al Poder que postuló a cada candidatura, las especialidades correspondientes y, cuando sea el caso, a las personas juzgadoras que se encuentren en funciones. Los nombres serán colocados en recuadros para que la ciudadanía seleccione una candidatura por cada especialidad sometida a votación.

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz organizará el proceso, realizará los cómputos, declarará la validez de la elección, publicará los resultados y entregará las constancias de mayoría. El Tribunal Electoral de Veracruz deberá resolver las impugnaciones antes de la toma de protesta de las personas electas. Después de esa fecha, las autoridades electorales no podrán modificar los resultados ni la asignación de cargos.

Dentro de los tres días hábiles posteriores a la protesta, el órgano de administración judicial determinará las adscripciones de las juezas y jueces electos. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia hará lo mismo con las magistraturas. La reforma también modifica el procedimiento de selección de aspirantes. Cada uno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrá presentar dos personas por cada cargo sujeto a elección. El Poder Ejecutivo realizará las postulaciones por conducto de la persona titular de la gubernatura; el Legislativo requerirá el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, y el Judicial las aprobará mediante la mayoría del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Una persona podrá ser postulada por más de un Poder, siempre que las propuestas correspondan al mismo cargo. El Poder que no entregue sus candidaturas dentro del plazo previsto perderá la facultad de presentarlas. El Congreso deberá publicar la convocatoria a más tardar el 30 de abril del año anterior a la elección. El documento incluirá los cargos disponibles, las etapas del procedimiento y los plazos para registrar y evaluar a las personas interesadas. El órgano de administración judicial informará al Congreso las magistraturas y juzgados que serán sometidos a votación, su especialidad, distrito judicial y situación administrativa. Las personas aspirantes deberán acreditar los requisitos constitucionales y legales, presentar un ensayo de tres cuartillas sobre los motivos de su postulación y entregar cinco cartas que respalden su idoneidad.

Las cartas podrán ser emitidas por personas relacionadas con la actividad jurídica, asociaciones civiles, facultades de Derecho, barras o colegios de abogados. Cada Poder integrará un Comité de Evaluación conformado por cinco personas vinculadas con el ámbito jurídico. Sus integrantes elegirán a quien coordine sus trabajos. Las personas coordinadoras de los tres comités formarán una Comisión Coordinadora, encargada de homologar los criterios de evaluación, los exámenes de conocimientos y las metodologías utilizadas para revisar los perfiles.

“Las personas coordinadoras de los tres Comités integrarán una Comisión Coordinadora, responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes”, establece el decreto. Cada comité seleccionará a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y posteriormente realizará una insaculación pública para reducir el listado a dos candidaturas. El procedimiento deberá garantizar la paridad de género tanto en las listas sometidas a insaculación como en las propuestas finales enviadas por los tres poderes.

La reforma dispone que el Congreso integrará en los listados a las personas juzgadoras que se encuentren en funciones, salvo que declinen participar dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la convocatoria o aspiren a un puesto distinto. Quienes busquen otro cargo judicial deberán presentar una renuncia expresa e irrevocable antes de registrarse en el proceso electoral. En caso de fallecimiento, renuncia, destitución o ausencia definitiva, el tribunal correspondiente declarará la vacante y el cargo deberá renovarse en la elección inmediata posterior.

Otro de los cambios consiste en evaluar a las juezas y jueces electos durante su primer año en funciones. El Tribunal de Disciplina Judicial será responsable de revisar su desempeño y podrá coordinarse con la Escuela Judicial Veracruzana para aplicar programas de capacitación y actualización. Las leyes secundarias deberán establecer los métodos, indicadores y etapas de las evaluaciones, además de las medidas correctivas o sanciones aplicables cuando el resultado sea insatisfactorio.

El régimen transitorio permite que las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje cuyos periodos concluían originalmente en 2027 permanezcan en funciones hasta septiembre de 2028. La ampliación terminará cuando rindan protesta las personas electas para sustituirlos. La medida no se aplicará a los nombramientos cuya vigencia concluya antes de ese periodo y sean considerados retiros programados. La reforma también establece un mecanismo temporal para la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

Cuando concluya el periodo de la Presidencia en 2027, el Pleno elegirá por mayoría a una magistrada o magistrado para ocupar el puesto del 1 de septiembre de ese año al 31 de agosto de 2028. A partir de septiembre de 2028, la Presidencia corresponderá a la magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia que obtenga el mayor número de votos en la elección judicial.

Las siguientes presidencias serán asignadas cada tres años de acuerdo con el orden de votación de las personas electas en los procesos de 2025 y 2028. Los votos obtenidos para integrar un tribunal no podrán transferirse ni utilizarse para reclamar la Presidencia, una adscripción o un puesto en otro órgano jurisdiccional. A más tardar el 30 de abril de 2027, el órgano de administración judicial deberá entregar al Congreso un informe con el nombre, género, adscripción, antigüedad y vigencia del nombramiento de cada persona juzgadora.

El Congreso tendrá hasta el 31 de agosto de 2026 para aprobar las modificaciones a las leyes secundarias necesarias para aplicar la reforma. El OPLE deberá ajustar sus reglamentos, documentación, diseño de boletas, integración de candidaturas y procedimientos de cómputo para organizar la elección de 2028. El Tribunal de Disciplina Judicial contará con 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para armonizar su Reglamento Interior con las atribuciones de evaluación y responsabilidad administrativa.

Discusión

Antes de analizar el dictamen, el Pleno declaró especial el procedimiento de reforma constitucional, con fundamento en el artículo 84 de la Constitución de Veracruz. La iniciativa fue presentada el 21 de julio por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, de MORENA, y turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, presidida por Carlos Marcelo Ruiz Sánchez.

Al defender el dictamen, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, coordinador del grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México, sostuvo que la reforma cumple con el mandato federal y recoge la experiencia de la primera elección judicial. “El dictamen que hoy nos ocupa no es una ocurrencia particular ni una decisión individual. Es la consecuencia de una armonización integral”, afirmó.

Ruiz Sánchez señaló que la coincidencia entre los calendarios estatal y federal permitirá organizar con mayor anticipación las candidaturas, boletas, casillas y cómputos, además de establecer criterios comunes para evaluar a los aspirantes. “Este dictamen recoge lo aprendido en la primera elección judicial del año pasado y lo convierte en reglas más claras”, agregó.

Luis Vicente Aguilar Castillo, de MORENA, aseguró que la comisión coordinadora permitirá evaluar a las candidaturas bajo los mismos criterios y verificar que cuenten con los conocimientos y aptitudes para ejercer como personas juzgadoras. Ante los cuestionamientos por las modificaciones sucesivas al modelo judicial, el legislador afirmó que la ley puede ser ajustada cuando existan aspectos por corregir. “¿Cuántas reformas más? Las que sean necesarias, porque la ley es perfectible y hay que adecuarla según se requiera”, expresó Aguilar Castillo.

Tras los posicionamientos, el Pleno aprobó una propuesta modificatoria que fue incorporada al dictamen. Ningún legislador se registró para discutir nuevamente el decreto ni presentó reservas en lo particular.