Congreso de Veracruz aprueba reforma a la Ley de Desaparición de Personas

El Congreso de Veracruz aprobó con 41 votos a favor y tres en contra la reforma a la Ley en Materia de Desaparición de Personas, en medio de advertencias de la oposición alertando que con la creación de la Plataforma Única de Identidad “te van a vigilar en tiempo real” y se podrá acceder a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial.

La propuesta, enviada por la gobernadora Rocío Nahle, generó respaldo por los avances en coordinación, tecnología y reducción de plazos de búsqueda, pero también críticas por presuntos riesgos de vigilancia masiva, acceso indiscriminado a datos personales y falta de presupuesto para cumplir las nuevas obligaciones.

De acuerdo con el dictamen, el objetivo es “agilizar los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, ofreciendo herramientas concretas y una estructura clara que responda a la complejidad de los casos y de las necesidades de las personas buscadoras”.



Entre los cambios, se incorporan definiciones de “Plataforma Única de Identidad” y “Ficha de Búsqueda”, así como la obligación de presumir con vida a la persona desaparecida en todas las acciones de búsqueda e investigación.

La Plataforma Única de Identidad permitirá “realizar el monitoreo continuo para el seguimiento de la Clave Única de Registro de Población de una Persona Desaparecida o No Localizada” y “generar avisos en tiempo real a las autoridades competentes” cuando haya registros de su uso. Se asegura que el acceso estará limitado exclusivamente a fines de búsqueda, localización e identificación.

De esta manera las autoridades y particulares deberán “permitir a las fiscalías y a la Comisión Estatal de Búsqueda la consulta inmediata de la información sobre Personas Desaparecidas o No Localizadas contenida en sus registros, bases de datos o sistemas de información, exclusivamente para su búsqueda, localización o identificación”.



También deberán facilitar el acceso a imágenes y mediciones generadas por satélites o aeronaves no tripuladas, y conectar sus registros al Banco Nacional de Datos Forenses.

El dictamen dispone que, al recibir una denuncia, “la autoridad competente la registrará sin dilación alguna en el Registro Nacional y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación” y enviará una Ficha de Búsqueda a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Estatal de Búsqueda, para su difusión masiva y la activación de alertas.

Además, la Fiscalía deberá rendir informes mensuales al Sistema Nacional de Seguridad Pública con el número de personas desaparecidas y las acciones de búsqueda realizadas.



Discusión

En tribuna, el diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, dijo que el decreto “tiene por objeto armonizar la ley estatal en materia de desaparición de personas con las disposiciones reformadas en la ley general, incorporando avances tecnológicos y científicos en los procesos de búsqueda”.

Agregó que “contempla la reducción de plazos procesales y establece mecanismos de coordinación interinstitucional obligatoria, con el fin de asegurar que el Estado actúe de manera inmediata, exhaustiva y diligente”.



Reconoció que la reforma incluye “el fortalecimiento de las capacidades institucionales”, una “plataforma única de identidad para que la búsqueda sea en tiempo real” y “una base nacional de carpetas de investigación” para ordenar la información. No obstante, señaló que “no dota de mayores elementos que permitan el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Búsqueda para que puedan dar mejores resultados a las familias de las personas desaparecidas”.

En contra, el diputado Héctor Yunes Landa, del grupo legislativo mixto Veracruz Nos Une, sostuvo que la iniciativa “no deja de ser una extensión del desvarío que pretende imponer MORENA, utilizando como escudo la tragedia de las personas desaparecidas”.

Aseguró que “no plantea una estrategia real de seguridad pública” ni “involucra de forma real a las familias de los desaparecidos”. Advirtió que “quieren convertir la CURP en un instrumento de vigilancia masiva” y que la propuesta “busca acceso total y sin restricciones a bases de datos privadas, sin orden judicial”.



La diputada panista Luz Alicia Delfín Rodríguez destacó que Veracruz “es uno de los cinco estados que tiene el mayor número de personas desaparecidas en el país, concentrando el 44 por ciento de los casos”. Resaltó que la reforma obliga a que “ningún cuerpo irá a una fosa común sin antes tener un perfil genético completo”, registrado en un plazo no mayor a tres días. Pidió garantizar “que estas acciones se concreten y no se queden en letra muerta”.

Por el Partido Verde, la diputada Tania María Cruz Mejía señaló que con la reforma “nos deshacemos para siempre de la revictimizante espera de las 72 horas” y se crea “una fiscalía especializada, profesional y que rinda cuentas con cinco unidades especializadas obligatorias”. Aseguró que su voto fue “por sus familias y por la paz de Veracruz”.

La diputada Dorheny García Cayetano, de MORENA, afirmó que la propuesta “no es un simple ajuste de texto legal” sino una medida para “prevenir, investigar, sancionar y sobre todo buscar y localizar personas desaparecidas”. Explicó que implicará “usar la CURP como base de identificación para facilitar la localización” y “garantizar la identificación forense antes de cualquier entierro”.



En sentido contrario, la legisladora Monserrat Ortega Ruiz advirtió que con la reforma “te van a vigilar en tiempo real” y accederán a datos de “escuelas, hospitales, iglesias, compañías de teléfono, clubes, sistemas de salud públicos y privados, bancos y todos los lugares públicos o privados que tengan información”. Cuestionó la ausencia de “una ley de ciberseguridad” y acusó que la propuesta “abusa de la desgracia de más de 120 mil personas desaparecidas”.

La diputada Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, indicó que la desaparición “es una deuda pendiente que las instituciones de este país han arrastrado durante décadas” y advirtió que la plataforma única “no puede ni debe convertirse en un instrumento de vigilancia masiva”. Señaló que la Comisión Estatal de Búsqueda opera con recursos limitados y que su voto no es “un cheque en blanco”.

La panista Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, recordó que Veracruz “es el primer lugar nacional en número de fosas clandestinas encontradas” y que en el último sexenio la desaparición forzada “aumentó en un 65 por ciento”. Advirtió que la plataforma única incluirá “cuentas bancarias, registro médico, transporte, escuela de los hijos o registros religiosos” y cuestionó “quién va a cuidar toda esa información”.



A favor, la diputada Elizabeth Morales García, del PT, señaló que “reducir los plazos procesales significa reconocer que cada hora cuenta en una desaparición” y destacó la “coordinación obligatoria entre instituciones” como un avance sustancial.

El morenista Luis Vicente Aguilar Castillo afirmó que el dictamen “no es un ajuste menor” y que fortalece “la búsqueda individualizada” y la “búsqueda en vida”.

Tras agotar la lista de oradores, el pleno aprobó el dictamen en lo general y en lo particular. El decreto será remitido a la titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.