El Congreso de Veracruz aprobó una reforma al Código Electoral del Estado que establece las bases para realizar elecciones por voto popular de cargos en el Poder Judicial mediante mayoría relativa.
Esta iniciativa, enviada la semana pasada por la gobernadora Rocío Nahle García, permitirá la selección de jueces, juezas y magistraturas a partir del año en curso. Con 38 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención, los legisladores avalaron que las personas juzgadoras permanezcan en su cargo por 9 años, con posibilidad de reelección, excepto los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, quienes ocuparán sus puestos por 6 años.
La propuesta incluye la creación de un nuevo capítulo en el Código Electoral denominado "Del Poder Judicial", que regula la convocatoria, el control de perfiles y las reglas del proceso electoral. Según el documento, las elecciones judiciales contemplarán criterios de paridad de género, transparencia y equidad.
Convocatorias
Los interesados podrán inscribirse del 31 de enero al 7 de febrero de 2025. Los Comités de Evaluación, integrados por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, verificarán la elegibilidad de los aspirantes y publicarán un listado preliminar el 22 de febrero.
Posteriormente, los Comités de Evaluación de los tres poderes publicarán el listado definitivo el 12 de marzo, tras una evaluación de idoneidad. El proceso incluye una insaculación pública para garantizar la paridad de género en las postulaciones. Los resultados serán remitidos al Congreso local a más tardar el 19 de marzo.
“El Congreso del Estado integrará los listados y expedientes de las personas postuladas por cada poder en los términos del artículo 433 y los remitirá al Organismo Público Local Electoral a más tardar el 20 de marzo de 2025, a efecto de que organice el proceso electivo”, dijo.
La reforma establece que Veracruz será una sola circunscripción para la elección de jueces y magistrados. Las campañas electorales estarán limitadas a 30 días y deberán cumplir con un tope de gastos financiados únicamente con recursos personales de los candidatos. La propaganda partidista y el financiamiento privado estarán prohibidos.
Se fomentará el uso de foros públicos gratuitos y plataformas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para difundir las propuestas. Además, se promoverá el uso de materiales reciclables en la propaganda impresa y se regulará el contenido en redes sociales para evitar gastos adicionales.
El OPLE supervisará los topes de campaña y promoverá la participación ciudadana.
En el artículo 253, se indica que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz publicará en la Gaceta Oficial del Estado, a más tardar tres días después de la conclusión del proceso electoral correspondiente, los nombres de quienes resulten electos para la titularidad del Poder Ejecutivo, diputaciones, personas juzgadoras y ediles de los ayuntamientos.
El artículo 319 BIS señala que constituyen infracciones de los aspirantes y candidaturas de personas juzgadoras: realizar actos anticipados de campaña, colocar propaganda en lugares prohibidos por el Código Electoral y otras disposiciones administrativas, no usar el material previsto por el Código para la confección de propaganda electoral, menoscabar o limitar derechos político-electorales de las mujeres, o incurrir en violencia política de género.
Oposición cuestiona aprobación “fast track”
Durante el debate, legisladores de la oposición señalaron inconsistencias en la reforma al Poder Judicial, especialmente sobre la organización de las elecciones para jueces y magistrados mediante voto directo.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Sigfrido Ávila Estrada, afirmó que esta elección politiza un poder que debería mantenerse ajeno a la política y calificó el proceso como precipitado y atropellado. “Producto de estas precipitaciones trae varios inconvenientes legales que pueden llevar a interpretaciones a modo y en perjuicio de la credibilidad de este proceso electoral. No podemos dejar de señalar estas omisiones con las esperanzas de que algún día las puedan corregir”, dijo.
Por su parte, el diputado priista Héctor Yunes Landa calificó la reforma como "una emboscada para repetir una elección de Estado". Indicó que, aunque el dictamen establece la jornada electoral para las 8:00 horas del primer domingo de junio, contradice el vigente artículo 202 del Código Electoral, que estipula que la instalación de casillas debe comenzar a las 7:30 horas.
Entre las críticas, también destacó que el dictamen no aclara si las mesas directivas de casilla encargadas de recibir los votos en elecciones municipales serán las mismas que recibirán los de las elecciones judiciales. “No se establece la forma de integrar las casillas, cuántas serán ni el tipo de boletas que se usarán”, afirmó Yunes Landa.
La diputada Indira Rosales San Román, del PAN, sumó cuestionamientos respecto a los recursos necesarios para las elecciones. “Ustedes son como la Chimoltrufia, porque como dicen una cosa, dicen otra. Una cosa es lo que aprobaron en la reforma de la Constitución el 23 de diciembre y otra lo que están aprobando ahora en las leyes secundarias; ustedes mismos caen en la inconstitucionalidad”.
La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdoba Molina, criticó que, en plena sesión, se haya incluido un anexo modificatorio a la iniciativa de reforma planteada. “Si legislar al vapor fuera deporte olímpico, MORENA y sus aliados se llevarían la medalla de oro”, dijo, al afirmar que la reforma no “traerá nada bueno” porque no se analiza a profundidad ni garantiza certeza a quienes participen.
Por último, la diputada panista Montserrat Ruiz aseguró que esta reforma es inconstitucional, pues se realiza en medio de un proceso electoral, lo cual no está permitido por la ley.