Congreso de Veracruz declara aprobada la eliminación del fuero a alcaldes

El Congreso de Veracruz declaró aprobada la reforma constitucional que elimina la declaración de procedencia para presidentes municipales, síndicos y titulares de concejos municipales, luego de que la Secretaría General de la Legislatura reportó el respaldo de 124 ayuntamientos y el rechazo de otros cuatro.

Con la modificación al primer párrafo del artículo 78 de la Constitución estatal, las autoridades competentes podrán proceder penalmente contra estos servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, sin necesidad de obtener previamente la autorización del Congreso local.

La declaratoria se emitió este jueves 15 de octubre, después de que la Secretaría General del Congreso presentó el informe sobre las actas de cabildo recibidas durante el procedimiento de validación de la reforma, aprobada por los diputados locales el pasado 25 de septiembre.

Mediante el oficio SG/67/2351/2026, el secretario general del Congreso, Domingo Bahena Corbalá, informó que 124 ayuntamientos remitieron acuerdos de aprobación del decreto, mientras que otros cuatro manifestaron su rechazo.

Entre los municipios mencionados con votos favorables se encuentran Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Papantla y Martínez de la Torre.

En contraste, los ayuntamientos de Carrillo Puerto, Isla, Tepetzintla y Texhuacan fueron identificados en la lectura como los que rechazaron la modificación constitucional.

Tras la presentación del informe, la LXVII Legislatura declaró aprobada la modificación constitucional y ordenó remitir el decreto a la gobernadora Rocío Nahle García para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

La reforma fue promovida por la mandataria estatal, quien argumentó que la eliminación de la declaración de procedencia permitirá que las posibles responsabilidades penales de las autoridades municipales sean atendidas por las instancias competentes, sin requerir una determinación legislativa previa.

En la exposición de motivos se establece que la modificación no afecta la autonomía de los ayuntamientos ni elimina las garantías procesales de quienes desempeñan los cargos comprendidos en la reforma.

“La eliminación de esta protección procesal no significa desconocer la presunción de inocencia ni permite que una denuncia produzca automáticamente la separación del cargo. Tampoco implica disminuir el derecho de defensa, el debido proceso o cualquiera de las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señala el documento.

La iniciativa precisa que la declaración de procedencia no determina la culpabilidad o inocencia de un servidor público, sino que constituye un mecanismo para retirar la protección procesal asociada al cargo y permitir que las autoridades actúen conforme a la legislación penal.

“La confianza otorgada mediante el voto ciudadano constituye un mandato para gobernar y servir. Esa legitimidad democrática debe coexistir con la responsabilidad frente a la ley y con la posibilidad de que las instituciones competentes ejerzan sus atribuciones cuando existan elementos jurídicos que así lo justifiquen”, establece la exposición de motivos.

Con la reforma, el Congreso mantendrá la facultad de determinar, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, si procede penalmente contra los demás servidores públicos contemplados en el artículo 78 de la Constitución estatal.

Entre ellos se encuentran los diputados locales, la persona titular del Poder Ejecutivo, secretarios de despacho, la persona titular de la Contraloría General, la Fiscalía General del Estado, integrantes del Poder Judicial, autoridades electorales y la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El decreto establece que en los procedimientos correspondientes deberán respetarse las garantías de audiencia, legalidad, presunción de inocencia, debido proceso y derecho de defensa.

Además, los artículos transitorios contemplan un plazo de 60 días naturales para que el Congreso realice las modificaciones a la legislación secundaria necesarias para armonizarla con la reforma constitucional.

Con la declaratoria emitida este jueves, concluyó la etapa de aprobación por parte de los ayuntamientos y el decreto quedó pendiente de su promulgación y publicación.

De acuerdo con la relación leída durante la sesión legislativa, los ayuntamientos mencionados entre quienes aprobaron la reforma fueron Acajete, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Álamo Temapache, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Atlahuilco, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Colipa, Córdoba, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal, Cotaxtla, Coxquihui, Cuitláhuac, Chacaltianguis, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza y Chumatlán.

También se mencionaron El Higo, Emiliano Zapata, Espinal, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Jalacingo, Xalapa, Jáltipan, Jesús Carranza, Xico, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, Landero y Coss, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de Tejada, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo y Martínez de la Torre.

En la relación figuran Mecatlán, Mecayapan, Medellín de Bravo, Miahuatlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Naolinco, Naranjos Amatlán, Naranjal, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Otatitlán, Oteapan, Pajapan, Pánuco, Papantla, Paso del Macho, Paso de Ovejas, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla y Sayula de Alemán.

Asimismo, se mencionaron Sochiapa, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tequila, Texcatepec, Texistepec, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tlaquilpa y Tlilapan.

La relación concluye con Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa Aldama, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo.

Por su parte, los cuatro ayuntamientos identificados con acuerdos de rechazo fueron Carrillo Puerto, Isla, Tepetzintla y Texhuacan.