Congreso de Veracruz declaró aprobada reforma para designar a titular de la FGE

El Congreso de Veracruz declaró aprobada la reforma constitucional que modifica el proceso de designación, duración, ratificación y remoción de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, actualmente bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns, luego de recibir las actas de cabildo de 122 ayuntamientos que avalaron el decreto mediante acuerdo expreso o afirmativa ficta.

Durante la sesión, el secretario general, Domingo Bahena Corbalá, informó que los municipios remitieron las actas de sus sesiones extraordinarias en las que se respaldó la reforma aprobada por el pleno el 25 de noviembre de 2025.

Con la validación municipal, la Legislatura concluyó el procedimiento previsto en el artículo 84 de la Constitución local y en la ley reglamentaria correspondiente, y turnó el decreto a la titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.

Cambios de la reforma

La reforma reduce de 9 a 4 años la duración del encargo del Fiscal, establece la posibilidad de ratificación por un periodo adicional y faculta al Ejecutivo para remitir una propuesta inicial al Congreso, el cual deberá resolver en cinco días hábiles si confirma o descarta el nombramiento.

Si no hay pronunciamiento, la designación quedará aprobada. En caso de rechazo, el Ejecutivo enviará una segunda propuesta y, ante una nueva falta de resolución, podrá designar directamente entre las dos opciones enviadas.

El dictamen también incorpora requisitos actualizados para aspirar al cargo, como nacionalidad mexicana por nacimiento, 30 años mínimos, cinco años de antigüedad profesional en Derecho, ausencia de condenas por delitos específicos, aprobación de evaluaciones de control y confianza, experiencia en procuración de justicia, capacidad directiva, conocimiento jurídico y perspectiva de derechos humanos y de género.

En materia de remoción, el Ejecutivo podrá separar del cargo por causas graves previstas en la ley; la decisión podrá ser objetada por el Congreso con mayoría calificada y, de no hacerlo en cinco días hábiles, quedará firme.

La Secretaría General del Congreso precisó que las actas municipales enviadas correspondieron a ayuntamientos que celebraron sesiones extraordinarias y manifestaron expresamente su aprobación del decreto, así como a aquellos que confirmaron su respaldo mediante afirmativa ficta.