Congreso de Veracruz sigue sin invalidar ultrajes, advierten abogados

Asociaciones, colegios y barras de abogados del Estado presentaron un escrito al Congreso local pidiendo que se dé curso a la declaratoria de invalidez del delito de ultrajes a la autoridad.

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 331 del Código Penal del Estado, referente a este tipo penal.

Sin embargo, los integrantes del Movimiento por la Justicia acusaron que “les cerraron las puertas” al Palacio Legislativo.

A un año de la aprobación de las reformas a este tipo penal que ampliaba las penas a quienes agredieran a servidores públicos, especialmente elementos de las fuerzas del orden, una decena de abogados pidieron la publicación de la derogación en la Gaceta del Estado

Explicaron que esto haría efectivo el principio de retroactividad a favor de quienes están procesados.

Respecto a este hecho, la académica Rosa Hilda Rojas Pérez afirmó que es lamentable que se tenga que solicitar al Congreso la publicación de los alcances de la acción de inconstitucionalidad que ya resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Da pena, da vergüenza que un Congreso, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia les hizo saber en una correspondencia, simplemente dijeron -los diputados- que se daban por enterados, lo cual resulta inaudito porque tienen que ordenar que se publicara en la Gaceta Oficial del Estado.

“Desde luego ya todos los jueces saben que el tipo penal ha quedado derogado y no tendrían que esperar ni siquiera la publicación; da pena que, en el Congreso, por una mera formalidad, tenga que retenerse a personas que desde luego ya han sido beneficiadas con esta declaratoria”, dijo la experta en Derecho Penal.

Rojas Pérez indicó que es el Poder Legislativo, no la Secretaría de Gobierno -de la que depende la Editora de Gobierno, responsable de la publicación en la Gaceta- la que tiene que ordenar que se realice la publicación oficial.

“Por eso en este escrito estamos pidiendo que ordene y se nos expida copias certificadas del oficio de cumplimiento por parte de este órgano legislativo, lo que no ha ocurrido”, dijo.

Ricardo Morales Carrasco, otro de los integrantes del Movimiento, indicó que se han pedido audiencias para el sobreseimiento de diversos asuntos que tiene que ver con este delito, sin embargo, se les indica que al no estar publicados los resultados de la acción de inconstitucionalidad, no pueden proceder.

“Todos los asuntos han quedado ahí en Orizaba suspendidos y en menoscabo de la libertad de las personas que indebidamente están privadas de su libertad porque ya el delito fue declarado inconstitucional.

“Ya los clientes y familiares están insistiendo que ya procedamos inclusive penal y administrativamente contra el Poder Judicial”, afirmó.

El abogado sentenció que la conducta omisa del Congreso en no ordenar la publicación de la inconstitucionalidad podría encuadrar en responsabilidades y que la propia SCJN ordene al Legislativo la publicación.

Agregaron que buscarán incluso sanciones contra los diputados locales de Veracruz ante esta omisión, pues de acuerdo con el abogado Arturo Nicolás Baltazar, el retraso es para reclasificar las carpetas de investigación de los detenidos.

“Hay personas inocentes detenidas por este infamante artículo 331”, indicó.

Agregó que los diputados podrían estar incurriendo en los delitos de incumplimiento de un deber legal; para el caso de quienes se niegan a liberar a los detenidos, se configuraría el abuso de autoridad.