Congreso de Veracruz violó amparó para remover a Magistrado: Tribunal

El Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del estado de Veracruz resolvió que el Congreso del Estado de Veracruz violó una suspensión definitiva al remover ilegalmente de su cargo como Magistrado a Marco Antonio Lezama Moo, por lo que habrían incurrido en un delito federal que prevé penas de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar otro cargo público.

El pasado 17 de junio, al resolver el recurso de Queja 24/2021, el Tribunal constató que el 7 de junio de 2020 el Congreso removió del cargo a Lezama Moo, quien contaba con una suspensión definitiva dictada dentro del Juicio de Amparo 1136/2019, para el efecto de que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y, de no haber ocurrido ya, no se separe, cese o retire al quejoso del cargo (...) o se ejecute un acto tendente al mismo”.

Sin embargo, actuando en la ilegalidad, los diputados ignoraron dicha orden emitida por un Juez federal y lo privó de su cargo.



Ante dicha situación, el Juez que dictó la suspensión definitiva requirió en múltiples ocasiones a la Legislatura para que cumplieran con la suspensión y reinstalaran en el cargo a Lezama Moo, requerimientos que también fueron ignorados.

Por ello, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Estado resolvió que, con independencia del resultado final del Juicio de Amparo, al verificarse que se vulneró la suspensión definitiva, debió haberse denunciado el incumplimiento ante el Ministerio Público Federal, pues dicha conducta constituye un delito.

Por tanto, los legisladores que aprobaron remover del cargo a Lezama Moo habrían incurrido en el delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo que establece una pena de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para desempeñar otro cargo público a quien “No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.



El caso de Lezama Moo es sólo una más de las pifias jurídicas del Congreso local con Juan Javier Gómez Cazarín como Presidente de la Junta de Coordinación Política, quien por ello ha sido señalado como el responsable del Congreso con mayor número de fracasos legales en la historia del Estado.

En ese sentido, Gómez Cazarín ha sido exhibido en numerosas ocasiones por las autoridades federales por abuso de poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como un acto arbitrario y fuera de la ley la suspensión de los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el nombramiento de un Concejo municipal para gobernar dicho municipio y la intervención de la tesorería municipal, actos que fueron catalogados por la SCJN como producto de una manipulación de la ley por parte del Congreso para actuar al margen de la ley.

Igualmente, la actual legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal, luego de que removió arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez Federal ha ordenado su restitución, sin embargo, el Congreso se ha mantenido en desacato ante la resolución federal.



Otra muestra de la arbitrariedad de Juan Javier Gómez Cazarín ha sido su resistencia para acatar el fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan, José Alfredo López Carreto, para que éste encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se ha mantenido en desacato durante 11 meses.