La diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, remitió a la Junta de Coordinación Política el Acuerdo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, órgano que preside, respecto del análisis de pertinencia derivado de la resolución dictada dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano número TEV-JDC-570/2022 del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).
Cabe señalar que el TEV declaró incumplida la sentencia principal por parte del Congreso del Estado de Veracruz, como autoridad responsable directamente vinculada para realizar, en ejercicio de su soberanía y atribuciones, las medidas legislativas que estime necesarias para garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.
Concretamente se requirió al Congreso realizar los ajustes razonables al entorno de las personas con discapacidad para que puedan ejercer tales derechos en condiciones de igualdad con el resto de las personas.
El Congreso deberá de proteger los derechos políticos de las personas con discapacidad a votar y ser votados, procurando en todo caso su idoneidad y proporcionalidad; garantizado en todo caso el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad, con la finalidad de tomar su opinión, y de esa manera se atienda su perspectiva y propuestas sobre la forma en que eventualmente, se habrá de regular su participación electoral.
Pese a lo anterior, dichas medidas debían de aprobarse a más tardar en el segundo periodo ordinario de sesiones que, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Local, concluyó el 31 de julio del 2022.