Congreso iniciará este lunes etapa de resolución en procesos de desafuero

El Congreso de Veracruz iniciará este lunes la etapa de resolución de los procesos de desafuero contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano, investigados por la Fiscalía General del Estado por hechos distintos.

La Diputación Permanente celebrará a las 13:00 horas la Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se prevé que este inicio de semana la Comisión Permanente Instructora presente los dictámenes y que se formalice la convocatoria a una sesión extraordinaria del Pleno para resolver las solicitudes de declaración de procedencia. La sesión extraordinaria está prevista para el miércoles 5 de agosto, cuando los 50 integrantes de la LXVII Legislatura deberán votar si retiran el fuero constitucional a cada presidente municipal.

Los dictámenes deberán establecer si existen elementos para que la Fiscalía proceda penalmente contra los ediles o si las solicitudes deben ser rechazadas. Para aprobar el desafuero se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. La Comisión Instructora está integrada por Facundo Fernández de la Cruz, como presidente; Ramón Díaz Ávila, como secretario, y Felipe Pineda Barradas, como vocal.



Los legisladores realizaron el jueves 30 de julio las audiencias de pruebas y alegatos, en las que participaron representantes de la Fiscalía, los dos alcaldes y sus defensores. Bravo Montero compareció por la mañana y González Martínez por la tarde, en la sala Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo.

Tras las comparecencias, la Comisión Instructora quedó encargada de revisar las carpetas, las pruebas de la Fiscalía y los argumentos de las defensas para elaborar un dictamen por cada procedimiento. “El Congreso no establece si los servidores públicos son responsables”, señaló Fernández de la Cruz al explicar que la función de la Comisión se limita a determinar si las solicitudes deben avanzar al Pleno. La responsabilidad penal, en su caso, corresponderá a los órganos ministeriales y judiciales.

¿De qué se les investiga?



La Fiscalía promovió los procedimientos de declaración de procedencia el pasado 7 de julio. Movimiento Ciudadano ha pedido que la revisión se realice con respeto a la presunción de inocencia y ha expresado preocupación por un posible uso parcial de las investigaciones. En el caso de Ixhuatlán del Sureste, la Fiscalía investiga a Raúl González Martínez como presunto autor intelectual de la privación de la libertad y el homicidio de la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez, originaria de Nanchital.

Según la investigación presentada ante el Congreso, el alcalde habría solicitado a un presunto integrante del grupo delictivo denominado Grupo Sombra que privara de la libertad a Guzmán Ramírez, luego de conocer que ella supuestamente tenía una fotografía en la que aparecía portando un arma de fuego.

La defensa rechazó la acusación y sostuvo que se basa en el dicho de un “testigo de oídas”, quien no presenció una conversación entre el alcalde y el supuesto integrante de la organización delictiva. También argumentó que la fotografía señalada por la Fiscalía no forma parte de la carpeta de investigación.



Respecto de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero es investigado por su presunta relación con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de Ignacio López Torres, ocurrida el 14 de mayo de 2026. Ambos fueron vistos por última vez después de acudir a un inmueble relacionado con el alcalde en Barra de Chachalacas. La Fiscalía busca determinar qué ocurrió después de su llegada y si existió participación del presidente municipal en los hechos.

La defensa de Bravo Montero negó cualquier vínculo con integrantes de organizaciones delictivas y afirmó que los informes de telefonía contienen diferencias en horarios y ubicaciones. También acusó a la Fiscalía de omitir información y de incumplir los principios de objetividad y certeza durante la integración del expediente. Si el Pleno aprueba alguno de los dictámenes, el alcalde correspondiente perderá el fuero y quedará sujeto al procedimiento penal. Si la solicitud no alcanza la mayoría requerida, conservará la protección constitucional mientras permanezca en el cargo, sin que ello impida la continuidad de las investigaciones.