Congreso obligaría al gobierno de Veracruz a sacar de su crisis al Instituto de Pensiones

Los diputados del Congreso local buscan que el gobierno de Veracruz esté obligado por Ley a cubrir el déficit que tiene anualmente el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Así se dio a conocer este jueves por los legisladores de la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del IPE, al presentar el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Pensiones de la entidad.

La iniciativa se entregó a los líderes de organizaciones sindicales, de asociaciones de pensionados y jubilados afiliados al IPE, con quienes los legisladores han trabajado en el último año para hacer las adecuaciones a dicho marco legal.

La propuesta, que será analizada durante los próximos días para afinar detalles y posteriormente presentarla ante el Pleno, modificaría el artículo 98 estableciendo que el Estado deberá establecer en su presupuesto anual la cantidad necesaria para cubrir el déficit.

Además, la Ley establecería que el presupuesto asignado al Instituto por el Gobierno no podrá ser menor a la cantidad otorgada en el ejercicio que le precedió. Estoen los casos en que los recursos del IPE no basten para cumplir con las obligaciones establecidas, lo que ha ocurrido en los últimos años de funcionamiento del Instituto.

La iniciativa establece que, según el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), el IPE presentó un superávit o déficit a partir del año 2010 equivalente a 928 millones de pesos, 556 millones para 2011, 469 millones en 2012, 330 millones en 2013, 438 millones en 2014, 367 millones en 2015 y 951 millones en 2016.

Aunque el Gobierno se ha hecho cargo de cubrir estos recursos la legislación vigente únicamente marca que la administración estatal es responsable solidario del cumplimiento de las aportaciones, ante el desequilibrio entre los ingresos y gastos del instituto.

Según la iniciativa el desequilibrio es ocasionado principalmente por el bajo número de trabajadores activos y el valor de las cuotas; así como el incremento de los jubilados y la percepción de pensiones superior al monto y tiempo que cotizaron los trabajadores activos.

La diputada presidenta de la referida Comisión, Daniela Griego Ceballos y los demás integrantes de la misma, destacaron que la iniciativa con proyecto de decreto fue elaborada con 23 organizaciones sindicales; así como de pensionados y jubilados.

Comentó que otra de las adecuaciones es establecer como prestación obligatoria los préstamos hipotecarios, además de financiamiento en general para vivienda y otorgar préstamos.

Asimismo, la reforma plantea que los morosos en la entrega de cuotas, aportaciones y descuentos del Gobierno del Estado y de los organismos incorporados deberán cubrir la tasa de interés más alta que exista en el mercado financiero, que no podrán ser inferiores a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

Detallaron que entre otros cambios, el proyecto propone una nueva estructura organizacional y de toma de decisiones; de ahí que el Consejo Directivo se ampliaría pasando de 13 a 15 miembros, es decir, sumando a líderes de pensionados y jubilados.

Así, el consejo quedaría integrado por cinco representantes del Gobierno del Estado, un representante del Poder Legislativo, seis representantes de los organismos sindicales afiliados y dos representantes de las asociaciones de jubilados y pensionados.

Igualmente se proyecta la conformación de un Comité Financiero para apoyar las decisiones que tome el Consejo Directivo, fortaleciendo a la par al Comité de Vigilancia con una conformación incluyente y participativa, dando cabida a un representante del Congreso.

La diputada Griego Ceballos destacó que la reforma respetaría el esquema legal con el que ingresó cada trabajador a su calidad de derechohabiente, lo mismo que sus familiares, hasta antes del 22 de julio de 2018.

Se proyecta que el Consejo Directivo realice anualmente una auditoría para conocer el manejo y los estados financieros del Instituto y un estudio actuarial, mismo que deberá presentarse ante la Comisión de Vigilancia.

Finalmente, se estipula la creación de un Comité y una Unidad de Transparencia, modificaciones que según Griego Ceballos tendrán que discutirse el próximo 17 de mayo para formalizar la iniciativa que permita la modificación de la Ley 287 del IPE, ya con las últimas observaciones de los dirigentes sindicales y organizaciones de pensionados y jubilados.