Congreso quita el fuero a los alcaldes emecistas de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván

Este miércoles, el Congreso de Veracruz retiró el fuero constitucional a los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, y de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez —ambos integrantes de Movimiento Ciudadano (MC)—, con lo que quedaron en automático removidos del cargo y la Fiscalía General del Estado podrá continuar procedimientos penales en su contra por casos distintos.
Al erigirse en Jurado de Procedencia, el Pleno aprobó ambos dictámenes de la Comisión Permanente Instructora con 40 votos a favor y 8 en contra de partidos de oposición a la 4T.
La resolución, cabe destacar, no establece la responsabilidad penal de Bravo Montero o de González Martínez, ni representa una sentencia. El Congreso determinó únicamente que los alcaldes debían perder la inmunidad procesal para quedar sujetos a las actuaciones que la Fiscalía promueva ante un juez.
Con el retiro del fuero, Bravo Montero quedó separado de la presidencia municipal y deberá ser llamado su suplente, Pedro de Jesús Rosado Guzmán, para asumir el Ayuntamiento de Úrsulo Galván mientras se desarrolla el proceso.
Por su parte, la presidencia municipal de Ixhuatlán del Sureste deberá ser asumida por la suplente Juliana Ruiz Martínez, tras la separación del cargo de Raúl González Martínez.

Bravo Montero, presunto ligado a desapariciones
La Fiscalía sustentó su solicitud en la desaparición de Ramos Sánchez y López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo, después de acudir al domicilio particular del alcalde en Barra de Chachalacas.
Bravo Montero reconoció que ambos hombres estuvieron en su vivienda, aunque sostuvo que acudieron para negociar la compra de piedra destinada a la elaboración de adoquines para calles del municipio. De acuerdo con la investigación presentada ante el Congreso, Ramos Sánchez llegó acompañado por López alrededor de las 13:30 horas. Desde ese día se desconoce el paradero de ambos.
Entre los indicios expuestos por la Fiscalía se encuentran los registros de la llegada de las víctimas al inmueble, las comunicaciones telefónicas, los datos de localización de sus dispositivos y los mensajes que Ramos envió a Melissa, su pareja, mientras se encontraba en la casa del Alcalde. “Estoy comiendo con el jefe de plaza de Veracruz, jaja; me lo acaba de presentar mi amigo, el Alcalde de Úrsulo Galván”, escribió el empresario en uno de los mensajes incorporados a la carpeta de investigación. En otra comunicación señaló: “Sigo en casa de Bertín, vino el jefe de toda la zona, creo que es el jefe de plaza, me lo presentó y ya casi me voy, amor”.
Para la Fiscalía, esos mensajes vinculan la desaparición con la reunión celebrada en el domicilio de Bravo Montero y con la posible presencia de una persona relacionada con la delincuencia organizada. La autoridad ministerial también consideró que los teléfonos de Ramos y del alcalde se conectaron el 15 de mayo al mismo sector de una antena ubicada en Totonacapan del Sur, municipio de Puente Nacional.
Otro elemento incluido en la solicitud fue la respuesta del Ayuntamiento de Úrsulo Galván, que manifestó no contar con información sobre el paradero de Ramos y López después de su visita al Presidente municipal. La defensa rechazó que esos datos acreditaran que las víctimas fueron privadas de la libertad en la vivienda de Bravo Montero o que el edil hubiera participado en su desaparición.
Niegan vínculos con la delincuencia
Rodolfo Martínez Valdez, abogado del alcalde, sostuvo que la reunión tuvo un propósito comercial y que Ramos y López abandonaron la casa alrededor de las 15:40 horas con dirección a la cabecera municipal de Úrsulo Galván.
El defensor afirmó que los informes de análisis telefónico incluidos en la propia carpeta de investigación muestran que el dispositivo de Ramos dejó la cobertura correspondiente a Barra de Chachalacas y posteriormente se desplazó por distintos puntos de la región. Según la cronología presentada por la defensa, el teléfono permaneció conectado a la antena de Lomas de San Rafael hasta las 15:48 horas; registró actividad en José Cardel a las 15:54; en Úrsulo Galván entre las 16:23 y las 16:27; en la congregación Cabezas entre las 16:41 y las 16:49, y en El Pando a las 16:56. Martínez Valdez argumentó que ese recorrido demuestra que Ramos y López salieron del domicilio y se trasladaron durante más de una hora, lo que descartaría que hubieran sido retenidos en la vivienda del Alcalde.
La defensa también indicó que uno de los mensajes enviados a Melissa fue remitido a las 16:13 horas, cuando el empresario ya habría salido de Barra de Chachalacas. Sin embargo, en su exposición afirmó que a esa hora el teléfono se encontraba en El Pando, aunque la misma cronología colocó la conexión con esa antena hasta las 16:56. Sobre la coincidencia de los teléfonos en una antena de Puente Nacional, Martínez Valdez sostuvo que no existió simultaneidad en las conexiones.
Los abogados también ofrecieron una explicación distinta sobre los mensajes en los que Ramos mencionó a un supuesto “jefe de plaza”. La defensa sostuvo que el empresario mantenía un conflicto penal con los padres de Melissa por la explotación de una mina de piedra y que las referencias a la delincuencia organizada pudieron ser utilizadas para intimidar a la familia de su pareja. Martínez Valdez informó a la Comisión Instructora que en la carpeta aparecen cuatro investigaciones y un proceso penal relacionados con las diferencias entre Ramos y los padres de Melissa.
De acuerdo con el abogado, esos antecedentes fueron reportados en el oficio 4440/2026, emitido el 18 de mayo por una unidad de análisis de la Fiscalía General del Estado. “Dado que en la carpeta se acredita que los padres de la señora Melissa tenían diversos asuntos penales con las víctimas, se puede deducir que probablemente ese mensaje que alude al ‘jefe de plaza’ tenía el propósito de intimidar a los padres de Melissa”, expuso.
La defensa cuestionó además que Ramos primero afirmara que se encontraba con un “jefe de plaza” y después utilizara la expresión “creo”, al considerar que esa variación reducía la certeza de su versión. Respecto de la respuesta del Ayuntamiento, los abogados señalaron que Úrsulo Galván no cuenta con policía municipal ni separos, por lo que la administración carecía de registros sobre una posible detención de Ramos y López.
Antes de la votación, Bravo Montero acudió al Congreso y rechazó que hubiera abandonado el Estado para evadir el procedimiento. “No me he ido de pelada; aquí estoy, dando la cara, porque soy inocente”, declaró.
Al alcanzar la mayoría calificada, el Congreso autorizó que la Fiscalía continúe el caso sin el obstáculo de la inmunidad constitucional. Corresponderá ahora a las autoridades ministeriales y judiciales determinar si existen elementos para ejercer acción penal y, en su momento, establecer la responsabilidad o inocencia del alcalde.
Raúl González, de Ixhuatlán del Sureste, también pierde fuero
El Congreso también alcanzó la mayoría calificada para retirar el fuero constitucional al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, señalado por la Fiscalía como probable autor intelectual de la privación de la libertad y el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.
La Fiscalía sostiene que el Alcalde habría ordenado la privación de la libertad y el homicidio de Roxana Guzmán debido a una fotografía en la que presuntamente aparecía portando un arma larga. La hipótesis ministerial se apoya, entre otros elementos, en una declaración de Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, quien afirmó que un hombre identificado como “Shelby” le dijo que la orden contra la comunicadora provenía del Presidente municipal.
Según la investigación entregada al Congreso, “Shelby” habría intervenido como enlace entre el Alcalde y el grupo relacionado con la privación de la libertad, traslado y muerte de Roxana Guzmán. La Fiscalía pidió retirar el fuero para estar en condiciones de formular una imputación ante un juez.
Periodista asesinada
Roxana Guzmán fue privada de la libertad el 2 de junio en su domicilio de Nanchital. Sus restos fueron localizados posteriormente en un predio de Moloacán e identificados mediante estudios periciales. Por el caso fueron detenidas ocho personas, entre ellas Javier Iván “N”, “Delta 1”; José del Carmen “N”, “Delta 7”; Luis Arturo “N”, conocido como “Delta 11” o “El Pelón”, y Karen Monserrat “N”, “La Hiena”.
También fueron detenidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. La Fiscalía sostiene que integrantes de la célula delictiva y policías municipales participaron en distintas etapas de los hechos.
La defensa del Alcalde, integrada por Erick Basto Morales, Julio César Rosas Salazar e Izaskun Moreno, rechazó la teoría ministerial y sostuvo que la solicitud de desafuero se construyó a partir de un testimonio de oídas y de una fotografía que no fue incorporada a la carpeta de investigación.
Los abogados argumentaron que “Delta 1” no presenció una conversación entre González Martínez y “Shelby”, sino que reprodujo lo que este último supuestamente le había contado: “es un testigo de oídas. Escuchó de un tercero; no se percató de que el Alcalde estuviera con ‘Shelby’ ni de que diera la indicación”, expusieron ante la Comisión Instructora.
La defensa señaló que “Shelby” no ha sido identificado ni detenido y que la Fiscalía tampoco presentó registros de llamadas, mensajes, encuentros u otra prueba que acreditara una comunicación entre el hombre mencionado por “Delta 1” y el presidente municipal. También cuestionó que la imagen señalada como el supuesto móvil del crimen no aparezca en el expediente.
“La Fiscalía no pudo mostrar la fotografía con la que se me vincula. No obra en el expediente y evadía la respuesta cuando le solicitamos dónde estaba”, afirmó González Martínez después de la audiencia de pruebas y alegatos.
Los abogados indicaron que tampoco fueron incorporados el teléfono o dispositivo en el que presuntamente estaba almacenada la imagen ni un dictamen pericial que acreditara su existencia, contenido u origen: “Si todo derivaba de una fotografía del Alcalde con un arma larga y esa fotografía no existe, ¿cómo puede sostenerse que ése fue el móvil?”, planteó la defensa.
Otro de sus argumentos se centró en las declaraciones de “Delta 1”. De acuerdo con los abogados, el detenido rindió una primera comparecencia en la que habló de su presunta intervención en los hechos, pero no mencionó al Alcalde, a “Shelby” ni la fotografía.
La referencia a González Martínez apareció en una segunda declaración rendida alrededor de 15 horas después, en la que “Delta 1” afirmó que “Shelby” le había atribuido la orden al presidente municipal. “En la primera declaración no se menciona que el móvil fuera una orden de un alcalde ni que tuviera relación con una foto. Después de 15 horas resulta que ya se acordó”, cuestionó uno de los defensores.
El Alcalde afirmó que esa segunda declaración se encontraba en un sobre amarillo clasificado inicialmente como confidencial, al cual sus abogados no pudieron acceder de inmediato. Cuando finalmente revisaron el documento, agregó, el sobre ya se encontraba abierto. “En la primera declaración no había nada. Después nos dijeron: ‘Hay un sobre que ya abrimos y aquí está esa declaración’. Es la segunda declaración de ‘Delta 1’”, relató.
González Martínez negó conocer a “Shelby”, rechazó haber mantenido comunicación con integrantes del grupo relacionado con el caso y aseguró que durante los primeros días en los que pudo revisar la carpeta no encontró señalamientos en su contra.