Congreso recibe iniciativa de Nahle sobre Ley de Órdenes de Protección Inmediata

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, presentó ante el Congreso local una iniciativa para crear la Ley del Sistema de Órdenes de Protección Inmediata para el Estado, denominada “Veracruzana Protegida”.

La mandataria propone establecer un mecanismo interinstitucional para solicitar, emitir, notificar, ejecutar y dar seguimiento a órdenes de protección dirigidas a mujeres, adolescentes y niñas en situación de riesgo o violencia.

Además, Nahle García plantea dar sustento legal a un esquema que ya opera mediante una plataforma digital desarrollada por el Poder Judicial de Veracruz, con el objetivo de articular la actuación de distintas autoridades estatales y municipales en la atención inmediata de casos.

En la exposición de motivos, la gobernadora sostiene que la protección de mujeres, adolescentes y niñas frente a la violencia requiere la participación coordinada de todos los niveles de gobierno y no puede limitarse a la actuación jurisdiccional. Señala que el propósito es asegurar una respuesta uniforme y oportuna en todo el territorio estatal. La iniciativa establece que el sistema será de observancia general en Veracruz y tendrá como eje la atención urgente de riesgos que comprometan la vida, la integridad o la seguridad de las víctimas.

Entre sus finalidades se incluyen la emisión, ejecución y seguimiento de órdenes de protección, la coordinación de medidas derivadas de dichas órdenes, la reducción de riesgos de acoso, amenazas o cualquier forma de violencia, así como la creación de un sistema de trazabilidad institucional que permita registrar su cumplimiento. El proyecto señala que las órdenes de protección tendrán carácter obligatorio, prioritario y urgente para todas las autoridades involucradas. También advierte que la omisión, dilación o negligencia en su atención podrá derivar en responsabilidades administrativas, penales o civiles.

Veracruzana Protegida

Uno de los ejes de la propuesta es la Plataforma Digital “Veracruzana Protegida”, que operaría como instrumento oficial bajo administración del Poder Judicial. Esta herramienta permitiría el registro, notificación, ejecución y seguimiento de las órdenes en tiempo real, además de generar documentos con validez jurídica. El documento indica que la plataforma podrá ser utilizada no solo por las víctimas directas, sino también por terceros que adviertan una situación de riesgo, así como por autoridades que detecten la necesidad de una medida de protección inmediata.

La iniciativa distribuye funciones entre distintas instancias. Al Poder Judicial le correspondería recibir y resolver las solicitudes, emitir las órdenes y supervisar su cumplimiento. La Secretaría de Seguridad Pública sería responsable de ejecutar materialmente las medidas y reportar su cumplimiento. A los ayuntamientos que se adhieran se les asignaría la ejecución territorial de las órdenes mediante sus policías municipales, así como la coordinación de apoyos materiales y la atención de incidencias durante su aplicación.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres tendría funciones de coordinación en la atención integral, incluyendo la emisión de lineamientos con perspectiva de género, el acceso a refugios, la atención psicológica y la asesoría jurídica, además de evaluar la efectividad del sistema. La propuesta también incorpora a los Sistemas DIF y a los Institutos Municipales de las Mujeres como instancias de apoyo, responsables de brindar acompañamiento y asistencia a las víctimas, así como de reportar sus actuaciones a las autoridades correspondientes.

Crearían Consejo

En materia de coordinación, se plantea la creación del Consejo Estatal de Órdenes de Protección Inmediata, encargado de la planeación estratégica, la articulación institucional y la evaluación del sistema. Este órgano estaría integrado por representantes del Ejecutivo, el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, y sería presidido por la titular del Poder Ejecutivo.

El Consejo tendría entre sus funciones garantizar la coordinación entre autoridades, evaluar el desempeño de las instancias participantes y emitir recomendaciones para mejorar la operación del sistema. La iniciativa contempla además la posibilidad de establecer convenios con el sector privado y la sociedad civil para crear espacios seguros en establecimientos comerciales y de servicios, así como mecanismos digitales de acceso inmediato a la plataforma.