Congreso recibe pedimento de declaración de procedencia sobre Raúl González, alcalde de Ixhuatlán del Sureste

El Congreso de Veracruz recibió un pedimento de declaración de procedencia relacionado con Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste emanado de Movimiento Ciudadano, luego de que su administración no remitió el Plan Municipal de Desarrollo ante la LXVII Legislatura.

La solicitud fue enviada por una autoridad ministerial competente y quedó asentada en un documento fechado el 6 de julio de 2026, con número de oficio número, para los efectos del artículo 34 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz.

El trámite fue turnado a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales, que deberán analizar el pedimento y determinar si existen elementos para continuar con el procedimiento legislativo. La declaración de procedencia es el mecanismo mediante el cual el Congreso del Estado resuelve si retira la protección procesal a una persona servidora pública, a fin de que pueda enfrentar un procedimiento penal ante la autoridad competente.

El caso ocurre después de que el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste fue señalado por no entregar al Congreso su Plan Municipal de Desarrollo, instrumento que deben presentar las administraciones municipales como parte de sus obligaciones de planeación. La omisión quedó asentada en el dictamen aprobado durante la decimoctava sesión ordinaria del Pleno, en la que fueron avalados los Planes Municipales de Desarrollo de 211 ayuntamientos de Veracruz.

En el documento, elaborado por la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, se estableció que Ixhuatlán del Sureste fue el único municipio que no remitió el instrumento correspondiente. “El Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste no remitió a este Congreso su Plan Municipal de Desarrollo”, señala el dictamen.

Ante la falta de entrega, la Comisión determinó dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, para que revise el caso dentro del ámbito de sus atribuciones. “Se considera necesario darle vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado, para que actúe en consecuencia, con base en las atribuciones conferidas”, indica el documento avalado por el Congreso.

Con el turno a comisiones, el Poder Legislativo deberá analizar el alcance del pedimento ministerial y resolver si procede retirar la protección procesal al alcalde de Ixhuatlán del Sureste.