Congreso retiró protección constitucional, pero no declaró culpables a alcaldes: Esteban Bautista

El Congreso de Veracruz no declaró culpables a los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, sino que retiró la protección constitucional que impedía a la Fiscalía General del Estado proceder penalmente en su contra, sostuvo Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Tras la sesión extraordinaria en la que el Pleno aprobó los dictámenes de procedencia contra Bertín Bravo Montero y Raúl González Martínez, ambos de Movimiento Ciudadano, el diputado afirmó que la responsabilidad penal deberá ser determinada por el Ministerio Público y los jueces. “El Congreso no juzga. El Congreso da los elementos para que continúe el procedimiento. Ellos tienen todo el derecho de defenderse, presentar testigos y las pruebas que consideren necesarias”, declaró.

Bautista Hernández señaló que la intervención del Poder Legislativo se limitó a revisar las solicitudes promovidas por la Fiscalía y establecer si existían condiciones para retirar la inmunidad procesal de los presidentes municipales. “Aquí se cumplió con el procedimiento. Es un tema que fue solicitado por la Fiscalía; los compañeros que presuntamente están implicados dieron sus argumentos. Ahora se abre un espacio para que sea la Fiscalía General del Estado la que lleve el proceso”, expuso.

El Legislador aseguró que los alcaldes y sus defensas tuvieron oportunidad de conocer las imputaciones, presentar pruebas y formular alegatos ante la Comisión Permanente Instructora, responsable de integrar los dictámenes sometidos a votación.

Con la declaración de procedencia, Bravo Montero quedó separado de la presidencia municipal de Úrsulo Galván, mientras González Martínez dejó el Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste. La resolución no constituye una sentencia ni acredita las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

Bravo Montero es investigado por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y de su acompañante Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo, después de acudir a un inmueble relacionado con el alcalde en Barra de Chachalacas.

González Martínez es señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y cuyos restos fueron localizados en julio en Moloacán.

Bautista Hernández informó que el Congreso convocará a los suplentes para garantizar la continuidad de ambas administraciones municipales. Pedro de Jesús Rosado Guzmán deberá asumir en Úrsulo Galván y Juliana Ruiz Martínez en Ixhuatlán del Sureste. “Ya se van a llamar los suplentes porque no puede quedar acéfala la administración”, indicó.

El presidente de la Jucopo rechazó los señalamientos de Movimiento Ciudadano, cuyos dirigentes atribuyeron los procedimientos a una persecución contra gobiernos municipales emanados de ese partido: “respeto mucho a los compañeros de Movimiento Ciudadano, pero ellos traen una línea nacional y politizan todo. Aquí este fue un acto de seriedad”, respondió.

Sostuvo que los diputados resolvieron a partir de los expedientes y de las conclusiones elaboradas por la Comisión Instructora, no con base en la militancia de los alcaldes ni en una definición sobre su posible responsabilidad.

Al referirse a los argumentos de las defensas, que cuestionaron la suficiencia de los datos presentados por la Fiscalía, Bautista Hernández señaló que corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales revisar su alcance durante los procesos. “Los abogados podrán decir muchas cosas. Para eso estudiaron, para defender a sus clientes. Nosotros nos apegamos al dictamen de la Comisión Instructora”, manifestó.

Sobre las declaraciones de Bravo Montero, quien aseguró ser inocente y sostuvo que el procedimiento afectó su vida y su trayectoria, el Diputado afirmó que esa postura deberá ser acreditada ante las instancias correspondientes. “Todos pueden decir ‘soy inocente’, pero si existen testigos, evidencias telefónicas y otros datos de prueba, eso tendrá que valorarlo la autoridad. Si son inocentes, serán exonerados”, concluyó.