Congreso será imparcial ante solicitudes de desafuero: Facundo Fernández

La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz actuará con imparcialidad en los procedimientos de desafuero promovidos contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos de Movimiento Ciudadano, afirmó su presidente, Facundo Fernández de la Cruz.

El diputado de MORENA rechazó que las solicitudes de declaración de procedencia respondan a intereses políticos o formen parte de una persecución contra representantes de la oposición. “En el tema mediático se puede decir lo que sea, pero la Comisión Instructora está actuando como debe ser. Es un tema importante, delicado, pero lo que nos corresponde es ser imparciales; no es un tema político”, declaró.

Los dos presidentes municipales fueron citados este jueves 30 de julio a audiencias de pruebas y alegatos, etapa en la que sus defensas podrán presentar elementos y argumentos para responder a las solicitudes enviadas por la Fiscalía General del Estado. Bravo Montero, alcalde de Úrsulo Galván, fue convocado a las 10:00 horas, mientras que González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, deberá comparecer a las 16:00 horas ante los integrantes de la Comisión Instructora.

Fernández de la Cruz explicó que las pruebas aportadas durante las audiencias serán analizadas antes de elaborar los dictámenes que determinarán si existen elementos para someter al Pleno del Congreso el retiro del fuero constitucional. “La Comisión Instructora va a desarrollar el procedimiento en la audiencia. Son pruebas que la defensa tendrá que presentar y dependerá de cada una de las partes”, señaló.

El legislador aclaró que la Comisión no resolverá si los alcaldes son responsables de los delitos investigados, pues esa atribución corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales. El Congreso únicamente deberá definir si procede retirarles la inmunidad procesal para que enfrenten las investigaciones. “Nosotros no determinamos si son responsables o no; eso ya será competencia de la Fiscalía. Se tiene que argumentar y probar lo que la Fiscalía impute”, sostuvo.

La solicitud contra González Martínez está relacionada con la investigación por el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, quien fue privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y localizada sin vida semanas después.

En el caso de Bravo Montero, el procedimiento está vinculado con la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta, Ignacio López, vistos por última vez el 14 de mayo, después de acudir al domicilio del alcalde en Barra de Chachalacas. Fernández de la Cruz indicó que ambos expedientes derivan de solicitudes formuladas por la Fiscalía General del Estado y que la Comisión deberá revisar los elementos presentados por la autoridad ministerial y las defensas.

Una vez concluidas las audiencias, la Comisión Instructora elaborará un dictamen por cada caso. Los documentos serán sometidos posteriormente a consideración del Pleno del Congreso, al que corresponderá votar si procede retirar el fuero a los alcaldes. “Ya será a consideración de la Comisión Instructora emitir un dictamen que va a ser sometido al Pleno. Depende de los elementos que ambos aporten”, expresó.