Congreso y CONAGUA capacitan a alcaldes sobre Planes Hídricos Municipales

Por primera vez será obligatorio para los ayuntamientos elaborar sus Planes Hídricos Municipales, por ello, el Congreso del Estado y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) impartieron la primera capacitación dirigida a alcaldes salientes y entrantes de extracción indígena y afrodescendiente.

La presidenta del Consejo Consultivo Indígena de Veracruz, Rosita Martínez Facundo, expuso que por primera vez es una obligación constitucional establecer en los Planes Integrales Municipales acciones concretas que contribuyan a garantizar de manera gradual el acceso al agua y saneamiento a la población.

Entrevistada en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo expuso que la capacitación busca que las propuestas comunitarias se integren en los Planes Municipales, particularmente en proyectos de agua potable, drenaje y alcantarillado, rubros que deberán atenderse con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Para atender las propuestas los ayuntamientos deben destinar al menos el 30 por ciento del referido Fondo a proyectos de agua potable y reconoció la importancia que las comunidades indígenas han dado históricamente al cuidado del recurso.

Añadió que la obligación principal al elaborar el Plan Hídrico es dar prioridad a pueblos indígenas y afromexicanos. “Recordemos que Veracruz tiene 2 mil 584 comunidades en el catálogo de pueblos indígenas. Los alcaldes salientes tienen la obligación de dejar elaborados los Planes Hídricos Municipales. La obligación constitucional es del Alcalde saliente aunque lo ideal es que exista comunicación con el edil entrante para dar seguimiento a las acciones”, expuso.

Por ello convocó a alcaldes en funciones y electos, así como a autoridades de usos y costumbres, con el objetivo de garantizar la inclusión de las comunidades en la planeación del recurso hídrico. Agregó que los planes deberán quedar listos antes de que concluyan las administraciones actuales, de manera que los gobiernos entrantes puedan dar continuidad a las propuestas desde el 1° de enero del 2026.