Construcción del Centro de Justicia para Mujeres en Veracruz, estará bajo la lupa

El Gobierno del Estado está obligado a reportar de manera mensual y detallada a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), las actividades que se realicen del Centro de Justicia para las Mujeres de Xalapa.

En el Diario Oficial de la Federación, en su publicación de este día, se dio a conocer que la primera etapa de la obra, correspondiente a un 20 por ciento del total, debe estar concluida a más tardar el 31 de diciembre; en caso contrario la administración estatal tendría que reintegrar los recursos asignados que ascienden a los 10 millones de pesos.

La obra, se señala, en una de las cláusulas concerniente al rubro de fiscalización y deberá regirse bajo los parámetros más estrictos de control, vigilancia y evaluación de los recursos federales.



Para evitar desvíos, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) refiere que dicha revisión financiera corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforme a las atribuciones que les confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones aplicables.

Se detalla en el acuerdo que las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran los servidores públicos federales, estatales o locales, así como los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos a que se refiere este instrumento, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

De tal manera que corresponde al fiscal Jorge Winckler Ortiz, solicitante de los recursos federales y no el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, como se dio a conocer en el acto de arranque de la obra, observar la correcta ejecución de los mismos y los compromisos que asume la entidad federativa de no presentar la documentación comprobatoria de los recursos otorgados.



Se señala además que una vez que el Centro de Justicia para las Mujeres comience a operar, deberá llevar un registro puntual de todas las atenciones y servicios prestados en el mismo (informe de mujeres atendidas), el cual será reportado a la SEGOB a través de la CONAVIM, de manera mensual.

Tiene la obligación de señalar expresamente la participación y apoyo del Gobierno federal, a través de la SEGOB por conducto de la CONAVIM, en las acciones de difusión, divulgación y promoción del Centro de Justicia para las Mujeres, cumplir y observar en todo momento las disposiciones y lineamientos descritos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y demás legislación aplicable a la materia; así como el Anexo Técnico que se suscriba.

Los recursos federales que se entregarán al Gobierno del Estado en los términos del presente instrumento y su Anexo Técnico, no pierden su carácter federal; por lo que su administración, compromiso, devengo, justificación, comprobación, pago, ejercicio y contabilización, deberá realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.



Los rendimientos financieros que se obtengan en la cuenta productiva a la cual se trasferirá el subsidio en el ejercicio fiscal 2017, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación en los términos que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se resalta que la SEGOB podrá solicitar el reintegro de los recursos que con motivo de este instrumento se asignen al Gobierno del Estado, cuando se determine que los mismos se destinaron a fines distintos a los previstos en este Convenio o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en él.

El acuerdo fue firmado por: la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Rafael Campa Cifrián; la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Alejandra Negrete Morayta; por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castan; el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz y por Clementina Guerrero García, cuando era titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación.