Consulta sobre derechos de las audiencias, riesgo de censura para la prensa

La apertura de la consulta pública para elaborar los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha generado un intenso debate entre concesionarios de radio y televisión, especialistas en libertad de expresión y organizaciones civiles, quienes advierten que algunos aspectos de la propuesta podrían derivar en mecanismos de censura o afectar la independencia editorial de los medios de comunicación.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que la consulta permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto, periodo durante el cual ciudadanos, académicos, concesionarios, organizaciones civiles y especialistas podrán presentar observaciones y propuestas al proyecto de lineamientos.

¿Qué propone el proyecto?

De acuerdo con el anteproyecto presentado por la CRT, los nuevos lineamientos buscan establecer mecanismos para garantizar el ejercicio de los derechos de las audiencias reconocidos en la Constitución. Entre las principales medidas destacan:

1) Que las estaciones de radio y televisión cuenten con un Código de Ética registrado. 2) La designación de un Defensor de las Audiencias encargado de recibir y atender quejas. 3) Mecanismos para que las personas puedan inconformarse cuando consideren vulnerados sus derechos. 4) Facultades para que el órgano regulador intervenga cuando un concesionario no atienda las recomendaciones emitidas por el defensor correspondiente.

Asimismo, el proyecto señala que los concesionarios deberán procurar contenidos e información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente, con especial atención a niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Veracruz, el antecedente por leyes señaladas como restrictivas para la libertad de expresión

La consulta pública impulsada por el Gobierno federal para elaborar los nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias ha reavivado un debate que Veracruz ya vivió durante el sexenio del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, cuando diversas reformas legales promovidas en el Estado fueron señaladas por organismos nacionales e internacionales como posibles mecanismos que restringían la libertad de expresión.

Aunque la actual consulta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no plantea reformas penales ni sanciones directas contra periodistas, especialistas consideran que la discusión recuerda los antecedentes registrados en Veracruz, donde normas aprobadas con el argumento de fortalecer la seguridad pública terminaron siendo declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El antecedente más importante: “Ultrajes a la autoridad”

El caso más representativo ocurrió en 2021, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, cuando el Congreso del Estado –presidido en la Junta de Coordinación Política por Juan Javier Gómez Cazarín– aprobó reformas al Código Penal que endurecieron el delito de ultrajes a la autoridad. La modificación aumentó las penas de prisión y amplió los supuestos para configurar ese delito, argumentando la necesidad de brindar mayor protección a los cuerpos policiales.

Sin embargo, organizaciones como Artículo 19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), colegios de abogados y especialistas advirtieron que la redacción permitía una aplicación discrecional de la norma y podía utilizarse para inhibir la protesta social, la crítica al Gobierno e incluso el trabajo periodístico.

La polémica escaló hasta la Suprema Corte, que en 2022 declaró inválidas las disposiciones al considerar que vulneraban los principios de legalidad y seguridad jurídica, además de producir un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión.

El debate alcanzó al Congreso

Durante la discusión pública, Juan Javier Gómez Cazarín, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, defendió inicialmente el proceso legislativo y posteriormente anunció mesas de diálogo para revisar la reforma enviada por el gobernador Cuitláhuac García. Tras la resolución de la Suprema Corte, el entonces Legislador sostuvo que el Congreso había cumplido con la sentencia al notificar la invalidez del delito y afirmó que no era necesaria una nueva publicación para que surtiera efectos legales.

También fue cuestionado el delito de “halconeo”

Dentro del mismo paquete de reformas penales también se incorporaron disposiciones relacionadas con el denominado “halconeo”, dirigidas a sancionar el uso de equipos de comunicación para informar sobre operativos de seguridad. Diversos organismos advirtieron entonces que la redacción podía afectar el trabajo cotidiano de periodistas que cubren hechos policiacos o de seguridad pública.

Al igual que ocurrió con “ultrajes a la autoridad”, la Suprema Corte invalidó esos artículos al estimar que afectaban de manera desproporcionada derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

Un nuevo debate nacional

Cuatro años después, el Gobierno federal abrió una consulta pública para definir los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias. El proyecto propone fortalecer figuras como los Defensores de las Audiencias, establecer Códigos de Ética para concesionarios de radio y televisión y crear mecanismos para atender inconformidades de los usuarios.

No obstante, algunos concesionarios, especialistas y organizaciones consideran que expresiones como “información veraz” o la posibilidad de que un órgano regulador conozca controversias relacionadas con contenidos podrían generar incertidumbre sobre los límites de la libertad editorial.

Las autoridades federales sostienen que la consulta no pretende controlar contenidos ni limitar el ejercicio periodístico, sino desarrollar derechos que ya se encuentran previstos en la Constitución y en la legislación vigente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el objetivo es fortalecer los derechos de las audiencias y reiteró que la propuesta no está dirigida a la prensa escrita ni a plataformas digitales, sino exclusivamente a concesionarios de radio y televisión.

Aunque el contexto jurídico es distinto, el antecedente de ultrajes a la autoridad convirtió a Veracruz en uno de los principales referentes nacionales cuando se discuten reformas que pueden incidir en la libertad de expresión. Para especialistas en Derecho Constitucional, la experiencia veracruzana demuestra que cualquier regulación relacionada con la comunicación pública debe construirse con criterios de proporcionalidad y certeza jurídica, a fin de proteger simultáneamente los derechos de las audiencias y la libertad de informar, opinar y ejercer el periodismo.