La Contraloría General del Estado mantiene en curso dos auditorías a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), correspondientes a 2024 y al primer semestre de 2025, cuyos resultados siguen en integración.
El contralor Ramón Santos Navarro afirmó que, durante la entrega-recepción, el órgano interno de control constató la existencia de saldos no reportados y descartó que se hubieran retirado todos los recursos, como se difundió en medios.
Santos Navarro explicó que la Contraloría verificó directamente los estados financieros y confirmó la presencia de recursos al concluir la administración anterior. Señaló que la revisión contable y el análisis del ciclo de tesorería continúan y que los procedimientos abarcan movimientos, disponibilidades y verificaciones documentales.
“Constatamos que sí había unos saldos de dinero ahí, no como se manejó en algunos medios que se había dicho que se habían llevado todo el dinero”, dijo.
Añadió que “se está ejerciendo una auditoría del año 2024 que está en proceso y una auditoría también del primer semestre del 2025”, cuyos resultados serán determinados conforme avancen las actuaciones. Confirmó que una parte del dinero “sí se tenía” al momento de la revisión.
Respecto a las resoluciones en materia de transparencia, señaló que la Ley de acceso a la información y la ley de protección de datos personales son los instrumentos jurídicos que rigen las determinaciones de los recursos de revisión.
Aseguró que el personal responsable está integrado por abogados capacitados y que se aplican principios de objetividad, imparcialidad y exhaustividad. Indicó que, aunque la Contraloría pertenece al Poder Ejecutivo, la imparcialidad se sostiene con criterios equivalentes a los utilizados en tribunales administrativos federales.
Ahorros con extinción del IVAI
En paralelo, el contralor informó que el proceso de transición del extinto Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) hacia la Contraloría se realizó con el traslado de 60 de las 105 personas trabajadoras del organismo, lo que generó un ahorro anual estimado de 21 millones de pesos respecto del presupuesto que ejercía el Instituto.
Señaló que la dependencia asumió las funciones del órgano garante y mantuvo la atención de los recursos de revisión previstos en el artículo sexto constitucional.
Explicó que la desaparición del IVAI se derivó de una reforma federal en materia de transparencia y su armonización en la Constitución de Veracruz. Para la transición se instaló un comité con representantes del Instituto, la Secretaría de Finanzas y la Contraloría, esta última responsable de coordinar el proceso.
La dependencia ajustó su estructura orgánica, creó la Dirección General de Transparencia y Protección de Datos Personales y habilitó cuatro subdirecciones encargadas de transparencia, revisión, resolución y gobierno proactivo.
Afirmó que se invitó a todas las personas trabajadoras del IVAI a incorporarse; 60 aceptaron y 45 no lo hicieron por decisiones particulares o condiciones salariales. Precisó que quienes no transitaron recibieron indemnización conforme a la ley y que quienes aceptaron fueron liquidados de manera proporcional antes de firmar nuevos contratos, con reconocimiento de parte de su antigüedad.
“De 105 plazas aproximadamente que tenía el IVAI se transitaron 60 personas. Eso llevó a un ahorro porque la Contraloría está haciendo con menos personal prácticamente la misma situación que se venía haciendo, sin que se pierda el derecho o garantía del acceso a la información”, afirmó.
Indicó que el personal incorporado recibió capacitación y que la dependencia asumió un rezago de 2 mil 342 expedientes. Desde agosto, dijo, se han resuelto 600 recursos de revisión y la proyección es concluir el rezago entre mayo y junio de 2026. Reiteró que los derechos laborales fueron cubiertos en todos los casos y que los nuevos contratos establecen condiciones de trabajo acordes con la estructura vigente de la Contraloría.
Obra Pública
En materia de obra pública, el contralor informó que 98 empresas veracruzanas y 8 foráneas han resultado adjudicadas en el actual ejercicio. Sostuvo que los costos varían según ubicación, distancias, traslados de maquinaria y materiales, así como por criterios técnicos que inciden en los procesos de licitación. Afirmó que la Contraloría participa en todas las etapas, desde la convocatoria hasta la verificación del desarrollo de obra.