Contraloría Social de San Rafael traicionó a pobladores al permitir introducción de gasoducto

El ciudadano René Belin Capitaine nos hace los siguientes comentarios. “De acuerdo con La Constitución y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tengo el derecho legítimo y la obligación de protegerlos, como cualquier otro ciudadano responsable, ya que el Estado omiso e irresponsable, al otorgar permisos para la construcción del gasoducto, los dejó en estado de indefensión. Los ciudadanos en medios locales e internet señalan que la Contraloría Social del gasoducto San Rafael los traicionó, ya que sin informarlos de los riesgos y sin consultarlos en si estaban de acuerdo o no, han firmado diversos acuerdos, particularmente en el del día 25 de marzo de 2015 acordaron autorizar un nuevo trazo, para que el gasoducto pase afectando a ciudadanos en las colonias Fidelidad, Los Pinos, La Escolar, donde hay un Tele-bachillerato con 500 alumnos, la Deportiva y la Gustavo del Valle que anteriormente no estaban en Alto Riesgo. Lo anterior tras quedar 5 de los representantes de la Contraloría fuera de peligro, por lo que no les importó literalmente aventarles el gasoducto a las colonias citadas. También la ruta aprobada por la Contraloría, afecta a tres tramos de zonas habitadas en Tepetates, por quedar muy cerca de las casas dentro de la zona de Alto Riesgo de una explosión dentro de un radio de 200 metros, población donde la gente luchó hombro con hombro con sus representantes para impedir la imposición del gasoducto, por lo que ahora se dicen traicionados. Tras críticas, 2 meses después de la firma del acuerdo, el presidente de la Contraloría el MVZ, Martín Rubén Hernández Martínez, da a conocer el nuevo trazo en una entrevista de radio, donde además le miente a la gente diciéndole que el ducto iría enterrado a 150 metros de profundidad, lo cual es imposible; por otro lado menciona, que la Contraloría constata que el gasoducto lo están enterrado para el cruce del estero a 9 metros de profundidad, pasando 3 metros por debajo del fondo del estero, lo cual también es falso, pues no ha habido aun ningún cruce del estero de Puntilla Aldama y cuando esto se dé, el MVZ Martín no tiene visión de rayos “x” para saber que realmente irá a 9 metros de profundidad. La empresa GNI, ya tiene muchos de sus permisos vencidos y los que ostentan no son para cruzar entre las mencionadas colonias, no cuentan con el permiso más importante, que es el consentimiento de los ciudadanos, no cuentan con los permisos de la SEMARNAT, ni el de la Comisión Reguladora de Energía para dicha nueva ruta, ni el de CONAGUA para el cruce del estero en ese nuevo sitio ni para el uso de la Zona Federal del Estero, tampoco tienen permiso de Protección Civil para pasar entre las Colonias citadas y en cuya respuesta del 18 de marzo de 2015 Oficio No. SPC/DGPyR/RyS/ 1265/2015 mencionan que: “La Contraloría Social acordó pasar el gasoducto por la carreta San Rafael-Tres Encinos,” en donde afectaría a 5 colonias. Tampoco tienen el permiso del Centro SCT Veracruz, por tratarse esta carretera de un ramal federal, ni lo obtendrán, ya que la ley y reglamento que regula a SCT, no permiten ductos de gas natural a menos de 100 metros de la zona federal. A pesar de lo anterior ya están poniendo los tubos del arenal hacia la colonia Fidelidad, con el único consentimiento de la traidora y egoísta Contraloría Social bajo la complacencia del Estado, así está asentado en el infame acuerdo del 25 de marzo de 2015. Además la Contraloría Social se formó para buscar librar del problema a todos los sanrafaelenses y no lo están haciendo así, no han movido un solo dedo para librar a La Poza, Mentidero y Arroyo Zarco, quedando aun en zona de Alto Riesgo letal más de 2,000 Sanrafaelenses”.

El ciudadano Joel Millot de la colonia Los Pinos relata. “Fui visitado por un tal Horacio Zarate, empleado de la empresa GNI, quien con actitud prepotente y amenazante me coaccionó a que dejara pasar el ducto frente a mi casa, al igual forma fui coaccionado por un tal Isael Cantú, quien en compañía del MVZ Martín R Hernández Martínez y Rocío Celis, me dijo que si ya tenía abogado, que le diera su número, porque yo violaba leyes si nos los dejaba poner el ducto tendría serios problemas. Descarada y cínicamente ellos autorizaron el gasoducto frente a nuestras casas y ahora nos dicen que; como ya es también nuestro problema, que los ayudemos a convencer a los ejidatarios de Puntilla Aldama, para que les reduzcan el pago de $360,000.00 por el derecho de paso”.

Por otro lado el ciudadano Sergio Meza nos comenta. “En sus inicios la Contraloría Social en San Rafael dialogaba con empresa y gobierno, toda propuesta se ponía a conocimiento de la ciudadanía en asamblea para que decidiera el pueblo antes de firmar si estaban o no de acuerdo, ahora lo hacen en lo oscurito sin consultarlos previamente, firman minutas y acuerdos, peor aún lo hacen a nombre de las Colonias que no tienen ni conocimiento ni representación directa dentro de la Contraloría y lo más grave, le ocultan a los ciudadanos los documentos que signan y les niegan copias. Perdieron el piso y están enfermos mentalmente, ahora resulta que les exigen a los ciudadanos a los que pusieron en Alto Riesgo, que les pidan por escrito su ayuda y que se presenten al lugar de sus reuniones en un café de la ciudad, como si fuera su oficina. Tengo grabado que Isael Cantú recibe pagos del Gobierno Estatal y de la empresa GNI, es respaldado por el MVZ Rubén y Rocío Celis de la Contraloría Social, como ya no les pasa a ellos el ducto frente a sus casas, ahora buscan convencer con mentiras a los ciudadanos que dejaron en estado de indefensión, para que se dejen pasar el ducto frente a sus casas, a lo que los ciudadanos de las colonias mencionadas y de Tepetates le responden, que porque entonces no dejaron ellos que el gasoducto les pasara frente a sus casas. Ahora resulta que pregonan que ya no es riesgoso, que expliquen por qué evacuan a la población de 200 a 500 m. de distancia cuando ha habido fugas de Gas Natural Domestica, donde los ductos delgados de aproximadamente 2 pulgadas en comparación con el de uso Industrial que les quieren imponer de 8 pulgadas. A los ciudadanos nos queda claro, que la Contraloría Social, trabaja para los intereses de la empresa GNI, bajo la complacencia del Estado, a quienes no les importan nuestros Derechos Humanos”.

Atentamente
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