Denuncias por presunto fraude, usurpación de identidad, ejercicio indebido de funciones y otras conductas que podrían constituir delitos fueron presentadas por la Cooperativa de Consumo de la Sección 13 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ante las autoridades ministeriales, cuyos procedimientos permanecen bajo investigación.
Durante una Asamblea General, el asesor jurídico de la sociedad, Juan Sosa Rodríguez, informó a los socios sobre el estado procesal de las denuncias interpuestas contra Jesús David A., Rosa María C., Petra G. y Joaquín A., relacionadas con hechos en los que determinadas personas presuntamente se habrían ostentado como integrantes de la directiva o representantes de la cooperativa sin contar con reconocimiento o facultades legales para ello.
El representante legal explicó que las carpetas de investigación continúan en integración ante la autoridad ministerial y que corresponderá a las instancias competentes determinar la existencia de responsabilidades y, en su caso, los delitos que pudieran configurarse.
Asimismo, se informó que el presidente del Consejo de Administración, Alfredo Garza del Ángel, presentó denuncias ante la Policía Cibernética por presuntas amenazas de muerte difundidas mediante perfiles no identificados en redes sociales, además de llamadas telefónicas que, según lo expuesto durante la Asamblea, habrían generado preocupación por su seguridad.
Garza del Ángel también dio a conocer las comparecencias realizadas ante la Ciudad Judicial de Tuxpan, así como las diligencias efectuadas ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en ese municipio, como parte del seguimiento a los procedimientos legales relacionados con la cooperativa.
La asamblea contó con la intervención de un notario público, quien dio fe de los actos desarrollados y de los acuerdos asentados en el acta correspondiente.
En otro de los acuerdos de mayor relevancia, los socios aprobaron por unanimidad iniciar el procedimiento estatutario de expulsión de Joaquín Acosta Muñiz y Rosa María Cabrera Aguilar.
Durante la sesión se señaló como fundamento de la determinación su prolongada ausencia de las asambleas y la presunta realización de actos considerados contrarios a los intereses y al patrimonio de la sociedad.
El procedimiento de expulsión deberá desarrollarse conforme a las disposiciones estatutarias aplicables y respetando las formalidades correspondientes.
En el caso de Jesús David Alejandre Hernández, la Asamblea acordó no reconocerlo como presidente ni como apoderado de la cooperativa, al señalar que no cuenta con representación legal reconocida por la sociedad.
Respecto de Jesús David Alejandre Hernández y Petra Gómez Cadena, se precisó además que no forman parte del padrón vigente de socios de la cooperativa, sin que ello implique la suspensión de las acciones legales que, en su caso, se encuentren promovidas ante las autoridades.
Durante la reunión, el presidente del Consejo de Administración presentó también un informe de las acciones realizadas durante los últimos 6 meses, entre ellas diligencias ante diversas autoridades para verificar y regularizar la situación jurídica de los bienes que integran el patrimonio de la cooperativa.
Se informó además que se trabaja en la actualización del padrón social, particularmente en la regularización documental correspondiente a socios fallecidos y sus sucesores, con el propósito de preservar la certeza jurídica de los derechos cooperativos.
En materia fiscal, Garza del Ángel informó sobre las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las acciones emprendidas para mantener en regla la situación fiscal de la sociedad. También se analiza gestionar la instalación de un módulo de atención de la oficina de recaudación en Cerro Azul para facilitar a los socios la obtención de su Constancia de Situación Fiscal.
La Asamblea recordó que la Cooperativa de Consumo de la Sección 13 fue constituida en 1935 y que su patrimonio es resultado de décadas de organización y aportaciones de distintas generaciones de cooperativistas.
Al cierre de la sesión, la directiva hizo un llamado a mantener la unidad institucional y continuar utilizando los mecanismos legales y estatutarios para defender los bienes y derechos colectivos de la sociedad.