La activista Rosalinda Huerta Rivadeneyra, integrante de la Asociación de Afectados por Anaversa, sigue exigiendo ser recibida formalmente por la gobernadora Rocío Nahle y el titular de la Secretaría de Gobierno, Ricardo Ahued, a fin de destrabar la instalación de una mesa de trabajo para la construcción de un Hospital Regional de Cancerología en Córdoba por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Señaló que desde hace cinco meses la Secretaría de Gobernación (SEGOB) emitió un documento en el que se instruye la conformación de dicha mesa, sin que hasta ahora se haya concretado. Consideró este pronunciamiento como “histórico”, al reconocer la lucha de más de 35 años de la organización y vincular el proyecto hospitalario con el caso Anaversa.
Huerta Rivadeneyra subrayó que la principal demanda es la creación de un hospital de cancerología de alto nivel para la región, y no solo una unidad dentro de un hospital general. “No queremos una unidad de cancerología, queremos un hospital especializado”, enfatizó.
Asimismo, adelantó que buscan coordinar con autoridades estatales y federales la realización del primer aniversario del Día Nacional de Prevención de Desastres Químicos, aprobado por unanimidad por el Senado el pasado 3 de diciembre de 2025, evento que se pretende llevar a cabo en Córdoba con la presencia de autoridades de alto nivel. Recordó que el proyecto del hospital fue ingresado desde 2023, pero no prosperó en la administración anterior, lo que derivó incluso en la presentación de una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presuntas omisiones. En ese sentido, criticó la “apatía” de autoridades pasadas para impulsar la obra.
También acusó que en su momento existió la intención de trasladar el proyecto hospitalario al municipio de Fortín, lo cual —dijo— fue frenado por la propia asociación, al insistir en que Córdoba debe ser la sede por su contexto histórico por la explosión de la fábrica de agroquímicos Anaversa en 1990. Finalmente, informó que entregó un documento al alcalde de Córdoba, Manuel Alonso Cerezo, con copia del emitido por la SEGOB, para solicitar la intervención de autoridades locales y dar seguimiento a la gestión del proyecto, incluyendo la eventual asignación de recursos federales a través de la Cámara de Diputados.