Correspondería a Cuitláhuac disculparse con jubilados y reparar daños

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y una queja ante la Contraloría General contra los servidores públicos —entre ellos el exsecretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado—, que participaron en la represión de jubilados, manifestantes y periodistas el 23 de diciembre del 2015.

Lo anterior, tal y como versa la recomendación 032/2018 de CNDH, emitida el pasado 28 de septiembre y que está pendiente de aceptarse por el Ejecutivo.

Por obligación, nuevamente el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares deberá asumir un pasivo más del sexenio de Javier Duarte de Ochoa: la reparación del daño a las víctimas.



Sin embargo, los tiempos que dispone la CNDH observan que el cumplimiento de la recomendación será una herencia que Miguel Ángel Yunes transferirá a Cuitláhuac García Jiménez, dado que la primera recomendación que dicta la Comisión al actual mandatario le concede un término de tres meses para reparar el daño e inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a 37 afectados.

A dos meses de que dicho acto cumpla tres años y en el que una represión contra pensionados derivó en la recomendación de la CNDH, el Poder Ejecutivo emitirá una disculpa pública o una reparación monetaria, e incluso proporcionaría terapia y asistencia psicológica a las víctimas.

Lo anterior, en caso de que la administración yunista acepte dicha observación de la CNDH; dirigida a la vez al director del IPE, Hilario Barcelata Chávez y a Jorge Winckler Ortiz, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).



En un catálogo de 128 páginas, firmadas por el presidente de dicha defensoría, Luis Raúl González Pérez, se especifica que Yunes Linares tiene que colaborar con la CNDH para que investigue las responsabilidades administrativas de los policías, sus mandos y del entonces secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado.

La misma recomendación estipula en su página 123 que la Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN) deberá transferir oportunamente los “recursos económicos indispensables para que se entreguen a las personas pensionadas, en tiempo y forma”. De no hacerlo, el Poder Ejecutivo incurrirá en una violación a derechos humanos.

Además de los cursos de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tendrá que acatar la recomendación de someterse a un curso de los derechos de periodistas, de límites del uso de la fuerza pública, libertad de expresión, libertad de reunión y derecho al trato digno e integridad personal.



De lo anterior se desprenden las medidas de rehabilitación, que deben incluir la atención médica y psicológica, misma que en el presente caso debe brindarse a las víctimas que lo requieran, para aliviar o contrarrestar los efectos de los actos cometidos en su contra.

Entre las pruebas de la CNDH se utilizó el material que este periódico digital publicó el pasado 23 de diciembre, con la cabeza “Denuncian pensionados ante la CNDH falta de Fondos en cheques del Instituto de Pensiones”, al igual que otras 83 notas periodísticas.

Los derechos que violó el Gobierno del Estado fueron a la seguridad social, a la libertad de expresión, de reunión, protesta social pacífica, acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, al trato digno e integridad personal y en un ejemplo de esta ilógica, los policías usaron bastones eléctricos o paralizadores, prohibidos por la misma dependencia policial.