Crimen controla penales de Veracruz y Gobierno de Nahle lo permite, advierten

“Para sobrevivir en un penal de Veracruz se necesitan al menos 100 pesos diarios. Si no pagas, no comes. Y si no te alineas con un grupo, te golpean”, afirma el exencargado de la dirección del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Pacho Viejo en los últimos meses del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, Roberto Rodríguez Cruz, quien hoy, como abogado consultor, advierte que la crisis en los reclusorios del estado no sólo persiste: se ha agravado.

Tras el motín en el penal de Tuxpan donde 8 personas privadas de la libertad murieron y al menos 10 resultaron heridas, el exfuncionario asegura que lo ocurrido no es un hecho aislado sino parte de una cadena de omisiones, corrupción y abandono que viene gestándose desde hace años. “Los grupos delincuenciales controlan todo. Desde la comida, el acceso al baño, hasta el agua o un refresco. Y si no pagas, te golpean, te aíslan, te castigan”, dijo.

Según su testimonio los cobros por “derecho de vida” son una constante. “Una persona pobre necesita al menos 100 pesos diarios para sobrevivir. Eso incluye un poco de comida, higiene y espacio para dormir. Quien no puede pagarlo, simplemente se aguanta o lo castigan. Todo adentro cuesta: papel higiénico, jabón, colchón. Todo”, dijo.

El exencargado del penal de Pacho Viejo recuerda que antes de su llegada al cargo, en el gobierno de Javier Duarte, los reclusorios ya eran focos de corrupción extrema. “Los grupos criminales se llevaban hasta las despensas. La comida que llegaba para los internos se vendía afuera. Los internos sufrían hambre real. Y hoy por hoy, con las referencias que tengo de familiares de internos, eso ha regresado”, dijo.

Para él, la violencia que estalló en el penal de Tuxpan pudo haber ocurrido en cualquiera de los CERESOS del Estado. “Es una bomba de tiempo. Si no hay cambios reales esto puede repetirse en cualquier momento, en cualquier otro reclusorio. Las condiciones están puestas: hambre, abusos, cobros, impunidad”, dijo.

Aunque reconoce que durante un breve periodo hubo avances, ya que en el bienio yunista intentaron combatir esas prácticas, señala que desde la segunda mitad del sexenio de Cuitláhuac García y con la llegada de una nueva administración el sistema regresó a la dinámica anterior: corrupción, omisiones y complicidad de autoridades. “Yo no puedo probarlo pero se dice, y se vive ahí, que algunos funcionarios tienen parte en ese negocio. Para que esto funcione así alguien desde dentro tiene que permitirlo”, dijo.

Rodríguez Cruz también advierte sobre el impacto que esta situación tiene en las familias. “Visitar a un interno se vuelve insostenible. Todo es caro. Si tú no llevas dinero, tu familiar allá adentro sufre más. Los golpean, los marginan. El aislamiento también es parte del castigo”, dijo.

Y en cuanto a la seguridad dentro del penal, explicó que “la única forma de protegerte es pagar o unirte a un grupo. Pero si todos se unieran, entonces ¿quién paga? Por eso se mantiene un equilibrio perverso donde algunos son explotados y otros, protegidos”, dijo.

Para Rodríguez Cruz cualquier intento de cambio real debe venir desde arriba: “Esto ya no se arregla sólo con custodios. Se necesita una decisión firme de la Gobernadora y del Gobierno Federal. Si no hay orden desde arriba no lo habrá en los penales. Hoy el sistema está podrido y el Estado lo sabe”, dijo.

Finalmente, advirtió que esto se vive en todos los penales: “Es un tema muy difícil. Para que esto funcione como está, alguien desde arriba lo permite. Y cuando digo arriba me refiero al Gobernador, al Presidente, o en este caso a la Gobernadora y la Presidenta. Si no hay orden desde el poder más alto, no hay orden en los penales. Todo esto, estoy seguro, son órdenes que vienen de mandos superiores”, dijo.