El diputado local del PAN, Fernando Yunes Márquez, cuestionó la decisión del Gobierno estatal de crear un fideicomiso para operar camiones del transporte público y sostuvo que la prestación del servicio debería de corresponder a los permisionarios, no a la autoridad estatal.
“Me parece que no es un servicio que el Gobierno del Estado deba dar. Operativamente va a ser sumamente complejo realizarlo”, expresó. Dijo que la operación implica una atención cotidiana sobre las unidades, reparaciones y cobros.
Planteó que antes de asumir la operación directa se debió privilegiar un acuerdo con quienes cuentan con permisos para prestar el servicio. “Hubiera sido mucho mejor que se lograran poner de acuerdo bien como en un principio parece que había sido”, dijo.
En el tema tarifario, sostuvo que si el Gobierno del Estado participa en la prestación del servicio debe existir el mismo trato en términos de competencia económica. “Si el gobierno va a participar de tú a tú con permisionarios, lo lógico y lo justo sería que pagaran igual, ya sea que se quede igual o que suba la tarifa. Tendría que ser parejo para todos”, afirmó.
No buscaron alternativas
Yunes Márquez señaló que la creación del fideicomiso se tomó sin agotar otras opciones de solución. “No a cualquier problema que haya vamos a generar un fideicomiso y vamos a operar todo”, indicó.
También sostuvo que, por la dimensión de la administración estatal, el manejo de tareas operativas diarias representa una carga difícil de atender. “Es sumamente complicado muchas veces operar temas del día a día, como son en este caso los autobuses de transporte público”, señaló.
Al comparar la decisión con intervenciones gubernamentales en otros servicios, insistió en que la autoridad no debe asumir de manera automática conflictos de operación. “No puede ser que cada que haya un problema de este tipo necesariamente el Gobierno lo tenga que asumir”, expresó.
Sobre la posibilidad de que transportistas promuevan amparos, consideró que no está claro que un recurso de ese tipo proceda contra la operación de las unidades, pero sí contra decisiones relacionadas con la tarifa. “Probablemente se pudieran amparar en contra de la tarifa si es que no les permitieran hacerlo. No tanto como la operación de los camiones”, detalló.