El Congreso de Veracruz aprobó una reforma para que los entes fiscalizables del Estado presenten sus Cuentas Públicas mediante archivos digitales y ya no en documentos impresos.
Con 42 votos a favor, el Pleno avaló este martes el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, con el objetivo de modificar el procedimiento de recepción de la información financiera que cada año deben entregar dependencias, organismos públicos, ayuntamientos y demás entes obligados.
La reforma establece que las Cuentas Públicas del año anterior deberán presentarse al Congreso a más tardar el 30 de abril, como ya lo marca la ley, pero ahora mediante medios electrónicos y conforme a las disposiciones que emita el Poder Legislativo. “Las Cuentas Públicas del año anterior serán presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día treinta de abril”, señala el nuevo texto aprobado.
La disposición mantiene la posibilidad de ampliar hasta por 30 días naturales el plazo para la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, siempre que exista una solicitud de la persona titular del Poder Ejecutivo y autorización del Congreso. “La Cuenta Pública se presentará a través de medios electrónicos, de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita el Congreso”, precisa la reforma. El dictamen fue elaborado por la Comisión Permanente de Vigilancia, a partir de una iniciativa presentada por el diputado de MORENA, Miguel Guillermo Pintos Guillén, quien subrayó que la digitalización del proceso “fortalece a las instituciones”.
La Comisión de Vigilancia sostuvo que el actual esquema genera gastos para los entes fiscalizados, debido a la impresión, traslado y resguardo de la documentación. El dictamen señala que, una vez recibidas las Cuentas Públicas, el Congreso las entrega a la Comisión Permanente de Vigilancia y posteriormente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a más tardar el 15 de mayo de cada año.
Con la reforma, esa entrega podrá realizarse en archivos digitales, como ya ocurre con los informes mensuales y trimestrales previstos en la misma Ley de Fiscalización Superior. Por su parte, el diputado Fernando Yunes Márquez, del PAN, señaló que el Órgano de Fiscalización Superior recibe cada año más de 100 mil cuartillas provenientes sólo de los 212 ayuntamientos de Veracruz.
El legislador advirtió que ese volumen implica gastos de papel, impresión, traslado y almacenamiento, por lo que respaldó el cambio, aunque llamó a garantizar que existan plataformas tecnológicas funcionales para recibir la documentación. Yunes Márquez también planteó que la implementación debe considerar las capacidades técnicas de los entes fiscalizables, en especial de los municipios con menor infraestructura administrativa.
La diputada Elizabeth Morales García, del PT, afirmó que la reforma permitirá reducir el uso de papel y disminuir el impacto ambiental de los trámites legislativos y de fiscalización. “Avanzar hacia procesos digitales permitirá una administración pública más sustentable y responsable con el medio ambiente”, expresó.
El dictamen aprobado sostiene que la digitalización de las Cuentas Públicas contribuirá a las acciones por el clima previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al reducir el consumo de papel, los traslados y la huella de carbono institucional. El Congreso también argumentó que la reforma se suma a cambios previos en materia de fiscalización, como la implementación del Buzón Fiscalizador, que permite realizar notificaciones electrónicas, solicitar información y recibir respuestas de los entes auditados.
Ahora el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones y adiciones necesarias a su marco normativo, con el fin de implementar los medios electrónicos para la recepción de las Cuentas Públicas. La Comisión Permanente de Vigilancia será la encargada de coordinar los trabajos para elaborar y formalizar las disposiciones necesarias para recibir los archivos digitales, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado.