Cuestionan nombramiento de Polo Deschamps al frente de la API

Trabajadores de la Administración Portuaria Integral (API) señalaron que es una mala decisión el incluir a personas de otras siglas en cargos clave de la función pública.

Indicaron que es el caso del reciente nombramiento del exalcalde panista Hipólito “Polo” Deschamps como parte de la estructura de la Administración Portuaria Integral (API), ya que además el exedil no cumpliría con los requisitos legales para ocupar un puesto que exige título universitario y cédula profesional vigente, indispensables para ejercer funciones de representación legal.

De acuerdo con los trabajadores, a varios empleados se les habría notificado de manera informal que presentaran su renuncia para dar paso a nuevos nombramientos, entre ellos el del exmunícipe. Sin embargo, la presunta ausencia de estudios superiores de Deschamps habría generado inquietudes al interior de la institución.



A ello se suma el historial de observaciones emitidas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) durante su administración municipal.

Documentos oficiales señalan que, entre 2018 y 2021, el ayuntamiento de Medellín acumuló irregularidades no solventadas por un total de 93 millones 8 mil 866 pesos, clasificados como daño patrimonial.

En su primer año de gobierno, 2018, el ORFIS registró dos observaciones que sumaron un millón 107 mil 749 pesos. Para 2019, las irregularidades se incrementaron a ocho, acumulando 11 millones 796 mil 916 pesos sin solventar.



En 2020, la cifra volvió a ser elevada, con 10 millones 365 mil 021 pesos observados. Finalmente, en 2021 —último año de su administración— el ente fiscalizador emitió 14 observaciones que sumaron 69 millones 739 mil 180 pesos.

Entre los señalamientos destacan gastos sin comprobar, apoyos sociales sin documentación, servicios sin contratos, pagos no soportados a personal, adquisiciones sin evidencia de entrega, daño técnico en obra pública y observaciones vinculadas con el manejo de la deuda municipal.

Especial énfasis hizo el ORFIS en la falta de evidencia sobre la aplicación de programas destinados a la población afectada por la pandemia de Covid-19, así como la creación de estímulos educativos en el Fortamun sin convocatorias, listas de beneficiarios ni soporte documental.



Frente a estos antecedentes y a la presunta falta de acreditación profesional, trabajadores de la API y fuentes consultadas cuestionan la pertinencia de su integración al organismo, especialmente tratándose de un cargo que requiere facultades legales específicas.