Cultura jurídica legal necesita fortalecerse, coinciden académicos

El trabajo de dos años que realizó la investigadora Esperanza Sandoval Pérez, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, se plasmó en el libro “Derecho Penal, Teoría de la ley y de la Sanción penal”, que se presentó este martes en la facultad.

En la presentación, donde participaron reconocidos académicos, se habló sobre el libro y coincidieron en señalar que es un precedente que servirá tanto a estudiantes como a profesionales de la materia.

El texto brinda un panorama para acceder a una cultura jurídica del Derecho Penal, por lo que se divide en dos partes, la primera de conceptos fundamentales y la segunda de teoría de la Ley Penal.

Desarrolla un estudio doctrinal de las corrientes predominantes en Europa y en México, sobre el carácter objetivo del Derecho, la finalidad perseguida al sancionar la conducta de quien infringe una norma que señalan como delito así como el análisis de diversas legislaciones sustantivas que escriben las figuras punitivas.

Introduce a un universo jurídico integral de los senderos recorridos hasta el momento en el Derecho Penal y su correcta aplicación, porque sólo a través de la seguridad jurídica, será efectiva la libertad civil y la posibilidad de hacerla cierta.

También examina el contexto de la legalidad y derriba la conclusión de que si bien el Estado es la única institución facultada para vigilar el respeto al orden social, cada atributo tiene su origen en un marco constitucional y su participación se produce para proteger los intereses sociales.

Con ello, hace patente que el estado se encuentra capacitado para castigar las conductas que afecten o pongan en peligro el bien jurídico tutelado, el disponer del delito y sus consecuencias jurídicas.

Señala también que la libertad absoluta del estado tiene un límite y precisamente en esta obra se observan contenidos en la Constitución, actualmente en íntima vinculación con los tratados internacionales y a su vez vinculados con las reglas que contiene la Ley Penal.

La autora centra su atención en principios sustantivos del Derecho Penal como la legalidad de los delitos y las penas, la protección de bienes fundamentales, la intervención mínima debido al proceso, culpabilidad, peligrosidad y atención de usos y costumbres de los pueblos indígenas y el principio de proporcionalidad de la pena entre otros principios más.

La autora señaló que parte fundamental de su texto se enriqueció con la ayuda de sus jóvenes estudiantes quienes la ayudaron a pulir el cuestionario, sobre todo en un afán de apoyar al nuevo modelo educativo.

“Se convierte en un referente de lectura no sólo para nuestros estudiantes, sino para cualquier estudioso de esta importante materia”

Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Manlio Fabio Casarín, destacó que hay tres méritos a destacar: que se trata de una contribución muy importante para adaptar los contenidos de las experiencias educativas a una obra.

“Se analizan temas de suma actualidad, así como aspectos que tienen que ver con el sistema penitenciario, justicia universal que se encuentra en boga por el asunto de la corte penal internacional el estatuto de Roma”.

Como segundo punto refirió que rebasa las expectativas ya que es una obra tan completa que cualquier estudioso de las ciencias penales lo verá como apoyo.

Y en tercer lugar, afirmó que es un aliciente para que la facultad siga posicionándose como generadora de conocimiento más que nada en un tema tan álgido, complejo como el nuevo sistema de justicia penal.

“Nuestros estudiantes deben formarse bajo otra óptica, bajo otro esquema de preparación donde no sólo la visión del Derecho Penal con las normas dadas con el conjunto de estructuras orgánicas del estado pueden funcionar, sino cómo podríamos pensarlo en el futuro, más justo, más equitativo, más humano y este libro establece herramientas necesarias para que el alumno vaya más allá de la simple dogmática”.

Al evento acudieron los catedráticos e investigadores María del Lourdes Roa Morales, Ana Gamboa, Dulce María Hernández, José Jesús Borjón Nieto, así como el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Perera Escamilla.