Dará SEGOB subsidio de 7.9 mdp a Veracruz y Xalapa para programas de seguridad ciudadana

La Secretaría de Gobernación, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito, transferirá a los municipios de Veracruz y Xalapa un subsidio por 7 millones 981 mil 983 pesos.

De ese monto, a Veracruz le corresponden 3 millones 659 mil 273 pesos y a la Capital 4 millones 322 mil 710 pesos y deberán ejercerse este año en el desarrollo y aplicación de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque preventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia.

En el Diario Oficial de la Federación se publica el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas.



Se contempla un monto total de 300 millones de pesos para 64 municipios del país, de los cuales, Veracruz y Xalapa resultan beneficiados con esos recursos federales.

El dinero será repartido entre las entidades federativas mediante la ponderación de población total, factores sociales de riesgo, incidencia de delitos de alto impacto y población de atención prioritaria; siendo las fuentes de información el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

En el acuerdo se señala que todas esas acciones deben ser acordes con los objetivos específicos y estrategias, en términos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014/2018.



Los cuatro objetivos que se contemplan son: incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social, mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria, generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana y fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales, demarcaciones territoriales, entidades federativas y Federación.

El ejercicio de estos fondos federales deberá alinearse a la seguridad ciudadana, a la perspectiva de derechos humanos, a la perspectiva de género y al enfoque de cohesión comunitaria.



Además, las entidades federativas y la Federación podrán incorporar mecanismos para la participación de los ciudadanos, la sociedad civil organizada, de los sectores civil, privado y académico en la planeación, en la ejecución y en la evaluación de los anexos únicos.

Para la planeación, programación, asignación, distribución, implementación y evaluación del programa deben observarse, entre otros, los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.