Colectivos de Veracruz advirtieron que los cambios impulsados por el Congreso afectarán la autonomía de la Fiscalía General del Estado, generarán inestabilidad administrativa, limitarán capacidades forenses y abrirán la vía a una eventual liberación de Javier Duarte en el proceso por desaparición forzada.
En un pronunciamiento señalaron que estas decisiones legislativas y judiciales representan un riesgo para las investigaciones, los procesos penales y los avances en identificación de personas.
En el documento dirigido al Congreso local, a la gobernadora y a la sociedad, las familias recordaron que la autonomía de la Fiscalía es una condición para que las investigaciones se conduzcan sin presiones políticas y con independencia técnica.
Según el texto, los cambios en análisis podrían afectar la continuidad de expedientes, la protección de las víctimas y el trabajo forense necesario para identificar personas desaparecidas. Las familias sostuvieron que, en un estado con miles de casos, la estabilidad institucional es indispensable para garantizar procesos sostenidos de búsqueda.
Fiscalía sometida
El comunicado advierte que cualquier reforma que permita remover a la persona titular de la Fiscalía conforme a decisiones del Ejecutivo alteraría el principio bajo el cual fue creada la institución.
Las familias afirmaron que una Fiscalía expuesta a cambios discrecionales interrumpe diligencias, afecta dictámenes y obliga a reiniciar vínculos institucionales necesarios para el seguimiento de los casos. Señalaron que estos procesos toman años y que cada modificación abrupta provoca retrasos que impactan directamente en las familias.
El posicionamiento plantea que las diputadas y diputados deben centrar su labor legislativa en fortalecer las capacidades del Estado frente a la crisis de desaparición. Subrayaron la urgencia de reforzar las áreas de identificación forense, la infraestructura científica, los espacios de resguardo, el personal especializado y los mecanismos de atención a víctimas.
Las familias señalaron que requieren instituciones con capacidad real para buscar e identificar, no cambios administrativos sin sustento técnico. “Las familias no solicitamos discursos ni simulación institucional, sino capacidad real para buscar, identificar y garantizar justicia”.
En el texto también se expresa preocupación por el momento en el que se anuncia la salida de la persona titular de la Fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, al tiempo que se plantean cambios legales que afectan su autonomía. Las familias sostuvieron que cada vez que se modifica la ley sin transparencia ni participación de víctimas existe un riesgo directo para los procesos de justicia. Destacaron que requieren instituciones que no respondan a intereses gubernamentales, sino al derecho de las víctimas a la verdad.
Una parte del comunicado se centra en el caso del exgobernador Javier Duarte. Las familias manifestaron inquietud por el posible sobreseimiento del proceso por desaparición forzada y la eventual liberación del exmandatario. De acuerdo con el comunicado.
“Esta decisión representaría un riesgo grave e irreparable para las víctimas, pues podría permitir que el exgobernador eluda la justicia por los crímenes cometidos durante su administración, profundizando la impunidad, afectando la verdad histórica y debilitando aún más la confianza de las familias en las instituciones encargadas de investigar y sancionar violaciones graves a derechos humanos”.
En su posicionamiento, los colectivos exigieron respeto a la autonomía de la Fiscalía y rechazaron cualquier reforma que debilite su independencia. Señalaron que la transición institucional debe realizarse sin cálculos políticos, con participación de las víctimas y con garantías de estabilidad administrativa. Solicitaron también que la persona que encabece la institución cuente con experiencia comprobada, certificación vigente e independencia técnica.