De Maximiliano a César Jáuregui: la “traición a la patria” con uso político

La traición a la patria ha sido una acusación recurrente en distintos momentos de la historia de México, desde los conflictos que definieron el rumbo del País en el siglo XIX hasta investigaciones recientes relacionadas con la participación de personas extranjeras en operativos de seguridad.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en 1867, tras la derrota del Segundo Imperio Mexicano. Maximiliano de Habsburgo, junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, fue sometido a un Consejo de Guerra y fusilado el 19 de junio de ese año. El proceso se desarrolló después de la victoria de las fuerzas republicanas encabezadas por Benito Juárez, en el contexto de la intervención francesa y la lucha entre liberales y conservadores.

Otro antecedente se remonta a la Independencia. Miguel Hidalgo y Costilla fue perseguido y sometido a procesos por las autoridades virreinales después de encabezar el levantamiento insurgente de 1810. Sin embargo, esos procedimientos respondían al orden jurídico de la monarquía española, por lo que no deben equipararse automáticamente con el delito de traición a la patria definido por la legislación mexicana actual.

En décadas posteriores también hubo acusaciones vinculadas con disputas políticas. Algunos señalamientos contra funcionarios y representantes públicos fueron presentados como denuncias o pronunciamientos partidistas, sin que necesariamente derivaran en una causa penal por ese delito.

En 2024, la Fiscalía General de la República informó que investigaba a Joaquín Guzmán López e Ismael Zambada García por posibles delitos relacionados con el traslado de este último a Estados Unidos. La institución señaló que una de las líneas de investigación era la posible comisión de traición a la patria, al considerar que el caso podría involucrar la privación ilegal de la libertad de una persona para entregarla a autoridades de otro país. La apertura de una investigación no equivale, por sí misma, a una sentencia condenatoria.

El caso más reciente es el del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, detenido el 17 de octubre de 2026 por una orden judicial relacionada con un operativo realizado en abril en el municipio de Morelos, Chihuahua. La Fiscalía General de la República sostiene que durante ese procedimiento habrían participado personas extranjeras sin autorización federal y que esos hechos podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La acusación se relaciona con la presunta intervención de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas. La FGR indicó que la investigación incluyó más de 100 actos de indagatoria. La responsabilidad penal del exfuncionario deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente.

¿Qué establece la Ley?

El artículo 123 del Código Penal Federal contempla el delito de traición a la patria y establece penas de 5 a 40 años de prisión para los mexicanos que incurran en las conductas descritas en ese precepto. Entre ellas figuran actos dirigidos contra la independencia, soberanía o integridad nacional para someter a México a un gobierno extranjero, así como determinadas formas de colaboración con autoridades o grupos extranjeros que puedan perjudicar al País.

La aplicación del artículo depende de los hechos acreditados y de que estos encuadren en alguno de los supuestos previstos por la Ley. Por ello, las expresiones políticas que califican a una persona como “traidora a la patria” no sustituyen una denuncia penal, una imputación formal ni una sentencia.

Los casos históricos muestran que el término ha tenido usos políticos y jurídicos distintos según la época, como es el caso actual.