Debe detenerse a ediles de Banderilla, exigen abogados de extrabajadores municipales

Tribunales confirmaron que los ediles de la alcaldía de Banderilla deberán ser detenidos por un problema de laudos que data del año 2005, aseguró el abogado de extrabajadores del municipio, Juan José Llanes Gil del Ángel.

Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales, el litigante de la firma “Viades, Llanes y Asociados” afirma que el alcalde de Banderilla, Juan Manuel Rivera González, mintió al señalar que la orden de presentación estaba detenida.

Destaca que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz confirmó la orden de presentación contra todos los ediles del ayuntamiento de Banderilla, la cual se encuentra vigente.

Rivera González explica que mediante un acuerdo del 23 de abril de 2018, dicho órgano jurisdiccional comunicó a las partes del juicio 88/2005-IV, donde se menciona que recibió un oficio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informando que no había localizado a los ediles porque “se encontraban fuera con motivo de la organización de la Feria”.

En consecuencia, el Tribunal decidió reiterar que el titular de la SSP, Jaime Téllez Marié, está obligado a cumplir su instrucción debido a órdenes tanto del Poder Judicial del Estado como del Poder Judicial federal.

De igual forma, el jurista confirmó que compareció ante ese Tribunal la Síndica de Banderilla, quien ofreció pagar sólo la quinta parte de lo que se adeuda.

“Ante lo cual la instancia judicial determinó declarar ineficaz la oferta, porque Banderilla recibió casi 15 millones de pesos de aportaciones federales y puede, por lo tanto, pagar”, se lee en el comunicado.

Tras lo anterior, el abogado reiteró que tanto los “yuneslinaristas” y en su momento los duartistas, pretenden dar “propinas” a trabajadores en lugar de pagar lo judicialmente determinado.

“'Viades, Llanes y Asociados' deplora que el gobierno de Veracruz se niegue a acatar una orden judicial para proteger a los ediles aliados del gobernador Miguel Ángel Yunes. Es de anotarse que el Presidente Municipal (a sabiendas de que existía la posibilidad de que la Síndica fuese arrestada), optó por enviar al Tribunal a una dama y no acompañarla”.

Por ello, exhortaron a los gobiernos municipales y al del Estado a acatar la Ley, pues consideran que sus acciones lesionan a trabajadores en particular, pero también corrompen el tejido social, propician la anarquía y confirman que el “cambio” al que se comprometieron es inexistente.

De igual modo, puntualizan que se dará seguimiento ante los tribunales el curso de este tema y denunciarán todo aquello que estimen pertinente hacer del conocimiento de la sociedad.