Debe procederse contra yunistas que no atendieron deudas con empresarios

El abogado José Llanes Gil del Ángel advirtió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exhortó a sancionar a funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) que durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares violaron los derechos humanos de empresarios que reclaman el pago de adeudos y a quienes hasta la fecha no se les ha cumplido.

Recordó que la CEDH emitió hace días la recomendación 155/2020, la cual dictaminó una violación a la seguridad jurídica de quienes fungieron como proveedores de Gobierno durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

"Hay un número indeterminado de víctimas, la Comisión pretende tutelar con esta recomendación a todos aquellos que vieron violentado su derecho a la seguridad jurídica"q.

“En toda la historia de la CEDH, solamente se han emitido dos recomendaciones que tienen un alcance que abarca a un conjunto indefinido de víctimas. Todos aquellos que se hayan sometido a este laberinto y que no hayan tenido un resultado, quedaron ya identificados como víctimas”, dijo.

Recordó que gobiernos anteriores compraban bienes, servicios y mandaban a realizar proyectos de obra pública a través de la iniciativa privada, no obstante, se dejó de pagar durante el duartismo.

"En esa administración, comenzó a acumularse una deuda impresionante que afectó a cientos de proveedores. No estoy diciendo nada que no se sepa ya".

Respecto a la "escasa" obra pública que hubo durante el periodo 2010-2016 en el estado de Veracruz, mencionó que sólo se pagaron unas cuantas, donde dijo, el costo de éstas fue cubierto por la iniciativa privada con la expectativa de recibir el dinero invertido, situación que no ocurrió.

La Recomendación para SEFIPLAN



La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) determinó que la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN) ha incumplido desde 2017 —desde el yunismo—, con el proceso para revisar, validar y pagar deudas con empresas que dejó el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, a pesar de que hay afectados reconocidos como “acreedores del Estado”.

En específico, de acuerdo a la Recomendación 155/2020 que emitió la Comisión el pasado 14 septiembre de 2020, el Gobierno Estatal no atendió el llamado “Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Finanzas y Planeación a revisar y en su caso validar los presuntos adeudos de la administración 2010-2016, a cargo de las distintas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con proveedores y contratistas”.

Dicho Acuerdo se publicó el 27 de septiembre de 2017, durante el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y tenía como vigencia el 30 de noviembre de 2018.



Aunque 13 personas físicas y morales participaron en el proceso de “validación” de deuda, nunca obtuvieron respuesta del Gobierno de Veracruz, omisión que persiste hasta la fecha.

Además, estos empresarios reprocharon ante la CEDH que, durante su mandato, Yunes Linares trató a los acreedores de Gobierno “como delincuentes” o como parte de las “empresas fantasma” que empleó el duartismo.

"El citado ‘Acuerdo’ del Gobernador del Estado partió de la premisa de que todos los que somos acreedores o aseveramos que el Gobierno Estatal nos adeuda, somos (como reiterada y públicamente lo expuso el Gobernador) ‘empresas fantasma’ y que, por ende, debía sujetársenos a un proceso de ‘validación’".



“Se hace mención de lo anterior porque, de facto, el titular del Poder Ejecutivo violentó en perjuicio de una colectividad nuestro derecho a la presunción de inocencia”, declararon las víctimas ante Derechos Humanos.

Al respecto, la CEDH constató que Finanzas incumplió con el mencionado Acuerdo y no hubo pruebas de que el proceso de validación se realizara.

“A pesar de que el Acuerdo disponía que la SEFIPLAN debía realizar un número determinado de acciones –recibir la documentación; verificar la existencia del procedimiento de contratación, que el contrato y/o pedido fue fincado lícitamente, el cumplimiento de las obligaciones de los presuntos acreedores; analizar la información recibida y requerir la documentación adicional que fuera necesaria–, ésta no aportó probanzas que acreditaran su materialización”, dice la recomendación.



Asimismo, reveló que la dependencia reconoció que cinco de las víctimas se encontraban registrados en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) como acreedores del Estado.

“Aun cuando la autoridad señalada admite tener reconocidos adeudos con algunas de las víctimas, no acreditó haber realizado –salvo el acuse de recibido de la solicitud de los peticionarios y la generación del folio correspondiente– ninguna etapa del procedimiento enmarcado en el Acuerdo”.

Además, el documento venció sin que SEFIPLAN publicara en su portal electrónico el resultado de las diligencias realizadas y comunicara lo procedente a los afectados.



“De tal suerte que, el incumplimiento de la expectativa de respuesta generada con la publicación del Acuerdo, tenía una fecha límite que no fue respetada”.

Por ésta y más observaciones, la CEDH exhortó a la SEFIPLAN a tomar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las disposiciones previstas en el Acuerdo.

Además, que “inicie un procedimiento administrativo correspondiente, en contra de los servidores públicos involucrados en el presente caso, por haber incurrido en las violaciones a los derechos humanos descritos en la presente resolución”.



Por último, se pide capacitar eficientemente al personal involucrado en los hechos y evitar “cualquier acción u omisión que revictimice a las personas físicas y morales víctimas de violaciones a derechos humanos establecidas en la Recomendación”.