Defensa de Duarte acusa errores de PGR; cuentas bancarias se recabaron sin permiso

En la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, se señaló que la Procuraduría General de la República (PRG) cometió otro error grave en el proceso que sigue a Javier Duarte de Ochoa.

De acuerdo con la defensa del exgobernador, la PGR realizó actos que vulneran los derechos humanos de su cliente, de ahí que se podrían eliminar algunas pruebas en su contra.

La defensa exhibió que la PGR violentó la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales al recabar, sin autorización judicial, los estados de sus cuentas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Es decir, debido a que todo aquello que se refiera a actos que afecten la privacidad del imputado debe ser bajo autorización y en investigación inicial la PGR no lo hizo, la defensa pidió a la autoridad jurisdiccional que sea declarada prueba nula.

Sin embargo, posteriormente un juez de control federal negó a la PGR someter a control judicial la información que fue solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), respecto de cuentas de Javier Duarte y otros implicados en el desfalco a Veracruz.

La Procuraduría General de la República justificó su petición en buscar armonizar sus actuaciones ministeriales con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el juez Gerardo Moreno García negó la petición, pues son actos que ya obran en la carpeta de investigación.

Esto luego de que horas antes la defensa de Javier Duarte exhibió otro error de la PGR, pues con ello, aparentemente realizó actos que vulneran los derechos humanos del ex gobernador.

En audiencia que se celebró en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la defensa del ex mandatario exhibió que la PGR violentó la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales al recabar, sin autorización judicial, los estados de sus cuentas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Sin embargo, el juez dijo que no le corresponde a él valorar si la prueba es lícita o no, puesto que aunque la resolución de la Suprema debe acatarse, en el momento que la PGR realizó las indagatorias contra Duarte, dicho criterio no existía.

Sin embargo, la defensa se apegó a lo establecido en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica que algunas actuaciones del ministerio público requieren autorización judicial, incluidos aquellos que impliquen afectación de derechos establecidos en la Constitución.

Marco Antonio del Toro Carazo, defensor del ex gobernador, señaló que dicho artículo está directamente concatenado con el secreto bancario, que fue roto por la CNBV para integrar la carpeta de la PGR.

Tras escuchar a las partes, el juez resolvió que no es posible autorizar a la Procuraduría que lleve a cabo actos que ya realizó y que en tres ocasiones confirmó, en la audiencia, que obran en el expediente 97/2016.