Defraudan a ejidatarios de la Biosfera de Los Tuxtlas

18 Ejidatarios de Miguel Hidalgo y Costilla, municipio de Catemaco, se quejaron esta mañana en la Plaza Lerdo que el 13 de noviembre de 1998 les expropiaron una superficie de 2,200 hectáreas en donde se beneficiaron los familiares del jefe de la oficina del Programa de Gobierno, Dionisio Pérez Jácome y del ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Veracruz, Esiquio Bravo Fernández.

Hipólito Bautista López, Comisariado Ejidal, solicitó la reversión del decreto expropiatorio del 13 de noviembre de 1998, realizado por el entoncesgobernador Patricio Chirinos, el presidente Ernesto Zedillo y sus secretarios de gobierno, Salvador Mikel y Labastida Ochoa, respectivamente porque incumplieron dentro del término de ley para lo que se hizo el embargo.

En medio del abrasador sol de octubre, el campesino leyó en el micrófono más de 40 medias cartulinas sostenidas por sus compañeros, los argumentos en contra del decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de noviembre de 1998, ante la indiferencia de la mayoría de los capitalinos.

De modo hosco y no permitiendo que se le interrumpiera, Bautista López, dijo que tan sólo la familia Friscione tenía 500 hectáreas escrituradas en1992 por el notario número uno de San Andrés Tuxtla, José Luis Vázquez, como propiedad privada, sobre la tierra del ejido Miguel Hidalgo y Costilla, tan sólo 6 años antes de que se realizará la expropiación.

Agregó que los familiares políticos y consanguíneos del Jefe de la Oficina del Programa de Gobierno son Rodolfo Adveare Friscione, Ángel Friscione Grade, Alberto Friscione Carrascosa y Alberto Pérez Jácome Friscione cada uno con 100 hectáreas; y con igual cantidad de tierra igual manera el ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Veracruz, Esiquio Bravo Fernández y sospecharon que Edmundo De la Madrid Méndez, sea pariente del ex presidente de México.

Argumentó que en total son dos mil 400 hectáreas que fueron las que se adjudicaron los particulares incluyendo los talamontes de la cooperativa Los Chaneques, que sólo poseían 483 hectáreas y les pagaron como si tuvieran 5 mil 700 de tierra hoy considerada reserva ecológica en la Sierra de Santa Martha Acatitla.

Detalló que los documentos del decreto están irregulares por los problemas de colindancias que se enciman unos con otros en perjuicio de los propietarios de las tierras comunales y a ellos sólo les pagaron simbólicamente 3 mil pesos por hectárea, cundo por su disponibilidad de agua y la calidad de la tierra y los recursos de estas tierras valían por lo menos 300 mil pesos.