La abogada penalista defensora de derechos humanos, Perla del Carmen Morales Solano, denunció omisión legislativa por parte del Congreso del Estado así como de la gobernadora Rocío Nahle y la Fiscalía General del Estado (FGE), debido al incumplimiento de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Indicó que lleva el caso de 3 personas de nacionalidad estadounidense actualmente recluidas en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Poza Rica quienes, aseguró, han sido torturados tanto en su detención ocurrida en noviembre de 2022 como dentro de las instalaciones.
Detalló que a los detenidos se les instruye los delitos de la privación de la libertad física y contra las instituciones de seguridad pública. Agregó que fueron violentados al golpearlos cuando fueron arrestados para forzarlos a declarar, además de ser sometidos a internamientos injustos dentro del CERESO tras quejarse por pedirles cuotas para comer, recibir visitas, para que les llegue medicamento, entre otras.
“A pesar de que existe la vista que se ordena dentro de la normativa legal al Ministerio Público, para iniciar una investigación por el delito de tortura donde lo que se señala primordialmente es el inicio de la realización del Protocolo de Estambul, que son las realizaciones de dictámenes médicos y psicológicos a estas personas que represento, ello no ha sucedido”, comentó.
Refirió que desde mayo de 2024 se dio vista a la FGE sobre los hechos de tortura. Sin embargo, a pesar de que existe en el Estado una Fiscalía especializada no cumple con lo que establece la Ley debido a que no es independiente de la Fiscalía. Asimismo, resaltó que este mes cumplirán 3 años en prisión preventiva sin que se les dicte una sentencia a causa de las omisiones de las autoridades encargadas de impartir justicia.
“Hacemos un llamado enérgico para que el Gobierno del Estado de Veracruz legisle, porque es su obligación hacerlo. Nosotros ya interpusimos un juicio de amparo en contra de esta omisión. Ya tenemos el informe justificado que rinde el Congreso del Estado de Veracruz, donde primero además niega el acto que nosotros reclamamos que es esta omisión de legislar. Pero por si fuera poco, nos dicen que es una expectativa de Derecho, es decir que necesitamos los veracruzanos ser torturados para solicitar que se legisle en esa materia”, expresó la abogada.
Además, exigió que se realice una Fiscalía Especializada, que sea especialista del delito de tortura e independiente a la FGE.
Por su parte el el abogado Roberto Pablo Mercado denunció que a la fecha no existe un informe oficial de las condiciones de los juzgados penales, civiles o familiares de Poza Rica y Álamo luego de las inundaciones de los días 9 y 10 de octubre pasado
Explicó que la crecida de los ríos Cazones y Pantepec también afectaron las unidades integrales de procuración de justicia, esta última dependiente de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la colonia Morelos de Poza Rica.
Además que tampoco se tiene conocimiento de las carpetas de investigación que en ese momento integraba la Fiscalía de Veracruz, ni las carpetas administrativas o de los procesos que realizan.