Denuncia acoso laboral y despido injustificado en INVIVIENDA

Una extrabajadora del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) denunció haber sido víctima de acoso laboral y despido irregular, presuntamente orquestado por un par de funcionarios quienes, con el aval de sus superiores, estarían implementando un esquema para retirar personal sin base y ocupar sus puestos.

María Denisse Reyes Andrade, quien se desempeñaba como capturista en la Subgerencia de Análisis y Aprobación de Crédito, señaló a la gerente de Crédito, Milagros Gonzaga Espinoza, y al subgerente de Procesos Arbitrales y Consultivos, Karlo Gerardo Flores Lozada, como los principales responsables de su despido injustificado tras más de 6 años de laborar en dicho organismo público descentralizado.

“Estoy sufriendo hostigamientos, acosos laborales, abusos de autoridad y violencias de género dentro del instituto desde el 20 de marzo, cuando la licenciada Milagros Gonzaga Espinoza me llevó con engaños al área jurídica para despedirme utilizando pruebas falsas; ella es aparentemente pareja sentimental de Karlo Gerardo Flores”, declaró Reyes Andrade en entrevista.

Aseguró que, al llegar a la Gerencia Jurídica, el titular del área, Luis Manuel Salazar Díaz, le notificó de forma verbal que Recursos Humanos solicitaba su puesto, sin que hasta ese momento existiera una comunicación oficial y tras meses de sufrir acoso, hostigamiento laboral y violencia de género por parte de sus superiores.

Acusa exclusión

Reyes Andrade explicó que su reincorporación al cargo, durante el cambio de administración estatal, fue solicitada en noviembre de 2024 por el sindicato, tras haber ocupado un puesto de confianza en la administración anterior.

La petición fue reiterada en enero de 2025, sin que se diera respuesta por parte de la nueva dirección de INVIVIENDA, bajo el mando de José Manuel Pozos del Ángel. “Se solicitó en noviembre, con la administración pasada no hubo respuesta, se reiteró en enero del 2025 a la nueva administración y hasta el día de hoy nunca se obtuvo respuesta”, dijo.

La denunciante afirmó que, durante 4 meses, se presentó diariamente en su lugar de trabajo sin que se le asignaran funciones ni equipo, pese a que cumplía con su horario. “Nunca me dijeron ‘vas a estar aquí’, ‘te vamos a dar actividad’. No me dieron equipo de cómputo. Me quedé ahí por voluntad y apoyo de los compañeros”, señaló.

Indicó que el 20 de marzo fue llevada nuevamente por la gerente de crédito al área jurídica, donde se le informó que sería liquidada sin cumplir con los términos que establece la Ley Federal del Trabajo. “Me ofrecieron una liquidación por 3 años 8 meses, cuando tengo 6 años y medio de antigüedad. Me dijeron que, si no aceptaba, estaba en mi derecho de demandar”, aseguró.

Pidió apoyo al sindicato

Tras negarse a firmar, Reyes Andrade acudió al sindicato, cuyo secretario general, Jacobo Alejandro Castillo Zayas, negó haber sido notificado por la dirección del instituto de su despido. “A mí mi sindicato no me ha informado nada”, declaró la trabajadora.

Días después, recibió un citatorio para presentarse a una reunión en la oficina de Gonzaga Espinoza. Ahí se le notificó verbalmente que se le levantaría un acta por abandono de funciones. “Me dijeron que había incurrido en omisiones los días 25, 26, 27, 28 y 31 de marzo y 1 de abril. Yo tengo cómo comprobar que asistí todos esos días. Está el checador”, afirmó.

Agregó que, en un lapso de 10 minutos, la Gerencia de Crédito solicitó y recibió documentación sobre su puesto, número de empleado, salario, registro fotográfico y reporte del reloj checador. Dicha información fue proporcionada con firmas de validación de mandos superiores.

“Todo estaba armado. Las actas fueron firmadas por el subgerente Aldhair Riveros Sánchez y testificadas por la misma gerente Milagros Gonzaga Espinoza, quien además fungió como redactora del acta. Pero también tuvo intervención cuando no deberían. No me dieron oportunidad de defensa ni copias certificadas de los elementos presentados”, acusó.

“Lo anterior viola todos mis derechos humanos fundamentales de la Constitución, Ley Federal del Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo, Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y la Ley de la Mujer Libre de Violencia”, dijo.

El 10 de abril, el proceso fue formalizado sin presencia del sindicato y sin acta de despido. “No me ofrecieron un finiquito negociado, sólo un cese. Mis recibos indican una antigüedad de 330 semanas. Ni eso reconocieron”, explicó.

Pide la intervención de Rocío Nahle

Reyes Andrade informó que no es la única trabajadora en esta situación. “Hay al menos otras 3 compañeras en proceso de despido, más mujeres trabajadoras bajo vigilancia o exclusión. Este ya es un patrón en contra de las mujeres del instituto”, advirtió.

La exempleada pidió la intervención de la gobernadora Rocío Nahle: “Le pido encarecidamente a la Gobernadora que voltee a ver lo que ocurre en INVIVIENDA. No pedimos favores, pedimos que se respete la Ley”, expresó. También responsabilizó al director general del organismo, José Manuel Pozos del Ángel, por permitir estas acciones y omitir la intervención del sindicato en los procedimientos laborales.