Denuncia ASF a Gobierno de Samuel García por 7 mil 212 millones de pesos

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, enfrenta una denuncia penal presentada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se identificaran operaciones financieras por más de 7 mil 212 millones de pesos que presuntamente fueron canalizados mediante empresas privadas hasta llegar a negocios relacionados con el entorno familiar del mandatario.

La acción legal fue presentada el 16 de octubre y forma parte de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025. El expediente quedó registrado con el número 1231 y está relacionado con la auditoría 1492.
El caso fue expuesto por el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, durante la entrega de informes individuales a la Cámara de Diputados. En esa presentación se mostró un esquema financiero que permite seguir distintas operaciones entre proveedores, intermediarios y una firma de servicios jurídicos.
La revisión de la ASF encontró patrones de transferencias que podrían corresponder a mecanismos de triangulación y simulación de operaciones. El destino de parte de esos recursos estaría relacionado con cuentas de personas físicas y morales que mantienen vínculos familiares con servidores públicos.

Cuatro operaciones bajo investigación
El esquema presentado por la Auditoría contempla cuatro transferencias principales realizadas desde la administración estatal hacia compañías privadas.
La primera corresponde a 5 mil 851 millones de pesos entregados a una constructora. Posteriormente, esta empresa habría transferido 5 mil 154.6 millones a otra compañía, de la cual se identificó un envío de 385.3 millones de pesos al despacho jurídico señalado.
En una segunda operación, una comercializadora recibió 964 millones de pesos. Dentro de la ruta financiera se identificó una transferencia de 237 millones a una empresa del sector alimentario, que posteriormente habría enviado 202.9 millones al despacho.
La tercera operación involucró 243 millones de pesos entregados a una empresa de servicios. De esa cantidad, 65.5 millones fueron transferidos a una consultoría, desde donde se habrían canalizado aproximadamente 62.9 millones a la firma jurídica.
Finalmente, una cuarta transferencia por 154.2 millones de pesos llegó a otra compañía, que posteriormente habría realizado pagos por 144.4 millones a una empresa de equipamiento. De esta última operación se identificó un envío de 77.03 millones al despacho.
En conjunto, las cuatro rutas representan aproximadamente 728.13 millones de pesos transferidos hacia la firma jurídica, de acuerdo con el desglose de las operaciones.



La relación con el despacho jurídico de la familia García
Uno de los aspectos centrales de la denuncia es la llegada de recursos a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
La ASF busca esclarecer por qué empresas que recibieron importantes cantidades de dinero del presupuesto estatal realizaron posteriormente transferencias a esa firma y cuál fue la justificación de los movimientos. El punto de interés para los investigadores es determinar si existieron servicios reales que respaldaran los pagos, ¿quiénes autorizaron las operaciones y quiénes fueron los beneficiarios finales?
La documentación presentada ante los diputados también expone una posible relación entre estas operaciones financieras y la adquisición de una propiedad cuyo valor fue estimado en mil millones de pesos, asunto que forma parte de los señalamientos difundidos sobre el caso.

La FGR deberá esclarecer el destino del dinero
Durante su exposición, el auditor Aureliano Hernández Palacios explicó que la institución tiene identificada la ruta de los recursos, pero evitó proporcionar todos los nombres de las personas involucradas para no comprometer las investigaciones.
La denuncia penal abre la intervención de la Fiscalía General de la República, que deberá analizar los movimientos bancarios, contratos, comprobantes fiscales y relaciones comerciales entre las empresas participantes. Entre los aspectos que deberán esclarecerse están la legalidad de los contratos, la prestación efectiva de los servicios, la justificación de las transferencias y la posible participación de funcionarios estatales o particulares.
La presentación de la denuncia no significa que exista una sentencia ni que se haya establecido responsabilidad penal del gobernador. Corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si las operaciones constituyen delitos y quiénes participaron en ellas.
Por ahora, la investigación representa uno de los señalamientos financieros de mayor monto relacionados con la administración de Samuel García y coloca bajo revisión el manejo de recursos públicos en Nuevo León durante el ejercicio fiscal 2025.