Denuncia Cintia Álvarez abusivo cateo y persecución política contra Raúl González

Cintia Celeste Álvarez Ramírez denunció presuntas irregularidades durante un cateo realizado el sábado 7 de noviembre en una vivienda utilizada para el resguardo provisional de niñas, niños y adolescentes, en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz. Además, acusó que ella y su esposo, el alcalde Raúl González Martínez, son objeto de una presunta persecución política.

En un pronunciamiento público, Álvarez Ramírez señaló que durante la diligencia, autorizada judicialmente, fueron derribadas puertas y ventanas con un mazo, lo que habría ocasionado daños incluso en viviendas aledañas y generado preocupación entre los vecinos.

Aseguró que al momento del operativo los menores se encontraban en las instalaciones del DIF municipal, por lo que manifestó inquietud por la manera en que se ejecutó la intervención y el uso de la fuerza. La exfuncionaria sostuvo que desconoce si las acciones realizadas por las autoridades se apegaron a los términos de la autorización judicial, por lo que pidió que cualquier posible irregularidad sea investigada y, en caso de acreditarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.



Entregan a cuatro menores al DIF de Coatzacoalcos

Cintia Celeste Álvarez informó que posteriormente se realizó la entrega de cuatro niñas, niños y adolescentes a personal del DIF Municipal de Coatzacoalcos, en cumplimiento de una determinación de la Fiscalía. Precisó que el procedimiento quedó asentado en un acta de entrega-recepción y que, de acuerdo con ese documento, únicamente se modificó la institución encargada de su resguardo provisional.

Aclaró que no se trató de una entrega a familiares ni de la conclusión de la medida de protección, por lo que insistió en que debe mantenerse el seguimiento institucional sobre el bienestar de los menores. En ese sentido, mencionó los casos de Ángel, fallecido en Argentina, y de Vicentito, en Mexicali, como ejemplos de la importancia de atender cualquier señal de riesgo para la niñez, aunque puntualizó que no pretende equiparar esas situaciones con lo ocurrido en Veracruz.



También aseguró que evitará divulgar las identidades, información clínica o antecedentes familiares de los menores involucrados.

La también esposa de Raúl González Martínez afirmó que tuvo conocimiento de un documento judicial en el que se incluyen señalamientos contra Débora Catalina Avendaño Jáuregui y una servidora pública por una presunta privación de la libertad relacionada con un niño que se encontraba bajo resguardo del DIF municipal.

Ante ello, sostuvo que el resguardo del menor contaba con conocimiento y autorización de la fiscal cuarta de la Fiscalía Especializada de Coatzacoalcos y del Juzgado Segundo de lo Familiar. Indicó que la documentación correspondiente será presentada por su defensa legal, la cual estará encabezada por el abogado Tomás Mundo Arriaza, quien revisará el expediente y determinará las acciones jurídicas a emprender.



“La denuncia no es una sentencia”, expresó, al solicitar que se respete la presunción de inocencia y que las investigaciones se desarrollen de manera objetiva, sin condenas anticipadas.

Acusa persecución política y pide intervención de Sheinbaum

Álvarez Ramírez consideró que los hechos ocurridos en torno a su persona y a su esposo tienen un componente de persecución política, cuyo propósito, desde su perspectiva, sería desacreditarlos y apartarla de sus funciones en el DIF municipal.



No obstante, reconoció que los elementos que sustenten esta valoración deberán presentarse y ser examinados por las instancias correspondientes. Asimismo, expresó su agradecimiento al fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, por el respaldo recibido, y adelantó que su defensa prepara denuncias y otras acciones legales.

La mujer hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervenga y conozca la situación que, afirmó, enfrentan en Ixhuatlán del Sureste y en Veracruz. También solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), al manifestar preocupación por su seguridad, la de su esposo y la de sus familiares, debido a un presunto acoso que, aseguró, se ha prolongado durante varios meses.

Pidió que las autoridades competentes evalúen los posibles riesgos y determinen si corresponde otorgar medidas de protección.



En su declaración, Álvarez Ramírez también denunció presuntas violaciones a los derechos de su esposo, Raúl González Martínez, quien, según afirmó, desde agosto no ha podido acceder a su carpeta de investigación.

Sostuvo que el proceso en su contra estaría sustentado únicamente en un testimonio de oídas, situación que, a su juicio, vulnera sus garantías constitucionales. Por ello, solicitó que tanto su caso como el de su esposo sean atendidos con imparcialidad, respeto a sus derechos y sin presiones políticas.

Finalmente, aseguró que ejercerá las acciones legales necesarias para defender su nombre y el de su familia, al tiempo que pidió a los habitantes de Ixhuatlán del Sureste mantener su respaldo. “Voy a defender mi nombre, el de mi esposo y el de mi familia, con firmeza”, concluyó.



Los señalamientos expuestos corresponden a la versión de Cintia Celeste Álvarez Ramírez. Las posibles responsabilidades relacionadas con el cateo, el resguardo de los menores y las denuncias referidas deberán ser determinadas por las autoridades competentes.