Denuncian a Ayuntamiento de Orizaba por desalojo de "Icinemas"

Ministros de culto interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra quien resulte responsable, luego del desalojo del edificio ubicado en Norte 4 número 1415 entre Oriente 27 y 29 conocido como "Icinemas", del que fueron objeto por parte del Ayuntamiento de Orizaba.

Al respecto, Daniel Quiroga indicó que esto quedó radicado en la carpeta de investigación 338/2022.

"Esta denuncia sigue vigente y es contra todos aquellos funcionarios públicos o autoridades municipales que actuaron sin respetar el debido proceso".



Añadió que la Fiscalía, las leyes, las autoridades serán quienes finquen responsabilidad, toda vez que no se respetó el debido proceso.

"Nunca fuimos notificados, nunca hubo en nuestras manos la orden de un juez para desalojo, es decir no se respetó el debido proceso y se violaron los derechos de los ciudadanos mexicanos, en este caso los orizabeños".

Indicó que nunca se puede justificar la prosperidad de una ciudad en el detrimento de algunas personas, "por lo tanto los servidores públicos para eso se contrataron: para servir a la población".



Reiteró que al conocer sus derechos ciudadanos y recordar que hay leyes y las instancias procuradoras de justicia, procedieron a interponer el 11 de marzo esa denuncia penal, pues fueron afectadas asociaciones religiosas que se reunían en ese predio.

Consiguen amparo

Por este caso, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito concedió el amparo provisional al también ministro Carlos Hernández Aburto, luego del desalojo.



De acuerdo con lo informado en rueda de prensa por el abogado Adrián García Rodríguez, indicó que el acuerdo del 6 de abril de 2022 del Juzgado Décimo Sexto Juzgado Federal con residencia en Córdoba, relativo al juicio de amparo 262/2022-3-A promovido por Carlos Hernández Aburto contra de actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Orizaba y otras autoridades se determinó:

"Se concede la suspensión provisional para efectos de que Carlos Hernández Aburto sea restituido en la posesión material del inmueble y de estarse realizando obras tendientes a contribuir en dicho predio o modificar el terreno, así como transmitir su posesión o propiedad a terceras personas, dichos actos cesen", agregó que así está firmado por Mauricio García Ayala, juez decimosexto de distrito.



Por ello, dijo que se solicita a la autoridad correspondiente, que es el Ayuntamiento, entregue en forma pacífica el inmueble, a sabiendas de que de no hacerlo constituye desacato a una orden judicial con las agravantes de rebeldía y desobediencia.

En este sentido, refirió que el ministro que tramitó el amparo así como otros seis que mantenían sus reuniones dominicales y entre semana en este lugar, estaban de manera legal en el predio, toda vez que tenían un contrato de comodato expedido por el propietario del mismo, Roberto Ruiz Martínez.

Añadió que al concederle el amparo la autoridad federal, ésta consideró que el Ayuntamiento violó los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución general de la República.



Asimismo, García Rodríguez explicó que el amparo también señala que deben suspenderse las actividades de obra que se realizan en el predio por parte del Ayuntamiento, además apuntó que el 18 de abril el departamento jurídico ya contestó la notificación que se hiciera sobre la concesión del amparo, y será la autoridad quien resuelva. "Hay desacato de parte de la autoridad municipal, porque no han regresado la posesión ni han dejado de hacer obras en este terreno".

Por su parte, Carlos Hernández recordó que ese predio lo usaron desde el año 2020 hasta el 11 de marzo de 2022 pero ese día fueron desalojados por la Policía Municipal de Orizaba, quien no presentó ningún documento que avalara que el Ayuntamiento ya se había adjudicado este predio.



El quejoso fue acompañado por otros ministros de culto que también ocupaban Icinemas, para solicitar a los policías que resguardan el edificio entregaran los documentos que avalan la resolución del amparo a las autoridades municipales.

Sin embargo, los uniformados indicaron que no podían recibir esos documentos, porque no es una actividad que a ellos les corresponde.