Denuncian “despidos masivos” de agentes investigadores de desaparición forzada en FGR

Familias buscadoras, víctimas y colectivos de distintas entidades del País exigieron al Gobierno federal detener los despidos de personal en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), al advertir que la salida de los ministerios públicos federales pone en riesgo la continuidad de las investigaciones y representa, a su juicio, un retroceso en el acceso a la justicia.

En un pronunciamiento público dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Fiscalía General de la República, a instancias de derechos humanos y de búsqueda, las personas firmantes señalaron que la reducción de personal en esa Fiscalía deriva de “despidos masivos” de agentes encargados de investigar desaparición forzada.

Sostuvieron que esa medida debilita una instancia clave para el seguimiento de casos y para la coordinación de acciones de búsqueda. El documento fue suscrito por 151 víctimas y familiares, además de decenas de colectivos de búsqueda y organizaciones de distintos estados del país, entre ellos agrupaciones de Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Hidalgo, Colima, Zacatecas y Ciudad de México. Entre las agrupaciones enlistadas aparecen, por ejemplo, Colectivo Buscando Corazones Perdidos Xalapa, Colectivo Familiares en Búsqueda Xalapa, Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos y Justicia y Dignidad Veracruz.

Las familias señalaron que la permanencia del personal especializado resulta necesaria en casos de desaparición forzada debido a la complejidad de las indagatorias y a la necesidad de dar continuidad a las líneas de investigación.

En su posicionamiento, advirtieron que la experiencia acumulada, el trabajo conjunto y la especialización no pueden ser sustituidos sin afectar procesos que, por su naturaleza, requieren seguimiento constante. “Las familias buscadoras, colectivos y víctimas firmantes expresamos nuestra profunda preocupación e indignación” ante lo que ocurre al interior de la FEIDDF, indica el pronunciamiento. Más adelante, el texto sostiene que la reducción de personal “genera un grave retroceso en el acceso a la justicia” y remarca que “con la FEIDDF no se juega ni experimenta”.

Las personas firmantes acusaron una contradicción entre el discurso oficial de respaldo a víctimas y la situación que, aseguran, enfrenta esa Fiscalía. Según el documento, mientras desde la Presidencia se refrenda un compromiso con familias y colectivos, en los hechos persiste el debilitamiento de las instituciones relacionadas con la atención de víctimas y la investigación de desapariciones.

En ese contexto, plantearon que cualquier cambio institucional en las fiscalías debe construirse con la participación de las familias. Afirmaron que son ellas quienes conocen el desempeño de los agentes del Ministerio Público y quienes pueden aportar en un eventual proceso de evaluación.

También señalaron que, en lugar de reducir personal, la respuesta institucional tendría que orientarse al fortalecimiento de capacidades humanas, tecnológicas y financieras frente al incremento de desapariciones en México.

El pronunciamiento incluye 6 exigencias. La primera es la suspensión inmediata de los despidos en la FEIDDF. La segunda, la reinstalación del personal removido con experiencia en la materia. La tercera, la construcción de un proceso de evaluación que incluya la voz de las víctimas.

La cuarta, el fortalecimiento de la Fiscalía con recursos humanos, tecnológicos y financieros, además de capacitación continua y estabilidad laboral. La quinta, la coordinación efectiva con la Comisión Nacional de Búsqueda. La sexta, una audiencia directa e inmediata con la presidenta claudia sheinbaum y el Gobierno federal.

Las familias también solicitaron que se garantice de manera inmediata su derecho de audiencia para establecer “un diálogo directo, amplio y responsable” con la titular del Ejecutivo federal y con la Fiscalía General de la República. El texto vincula esa petición con declaraciones recientes de la Presidenta de México y plantea que el encuentro debe realizarse de forma pacífica.

A lo largo del posicionamiento, las personas firmantes subrayan que los ministerios públicos especializados cumplen una función central en la integración de carpetas, el seguimiento de diligencias y la coordinación de acciones de búsqueda. Bajo esa lógica, advierten que la salida de personal no sólo afecta la operación interna de la Fiscalía, sino también el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.