Denuncian detención ilegal de abogados tras pleito, en Coatepec

Trabajadores federales jubilados de diversas secretarías acusaron que sus abogados defensores, Alejandro Arnulfo Rodríguez y César Augusto Figueroa, fueron detenidos de manera arbitraria el pasado viernes. Indicaron que ambos litigantes, que llevan un juicio para recuperar dinero adeudado por parte de la Federación desde el gobierno de Felipe Calderón, fueron acusados de delitos que no cometieron.

“Le avisaron a una señora que su recurso ya estaba para que los acompañara al banco a cobrar, porque ellos iban a recibir ahorita la comisión que les corresponde y la señora su parte. El día que se presentaron a cobrar llegó un abogado que se dijo yerno de la señora. Antes de cobrar invitó a los licenciados a tomarse un café en Coatepec. Al llegar ahí iba acompañado por otro sujeto y empezaron a agredir a los licenciados, lo cual ya se comprobó de las cámaras de la cafetería. Es muy raro que en esos momentos ya estaba la Policía y nada más se llevaron a los 2 litigantes y al otro abogado y agresor no lo tocaron”, comentó Francisco Villarreal, uno de los jubilados.

Indicó que los detenidos fueron remitidos a la cárcel de Coatepec y que algunos medios de comunicación publicaron supuesta “información dolosa”, en la que aseguraban que los abogados estaban asociados con grupos delincuenciales y que pretendían quitarle el dinero a la señora, lo cual –afirmaron– es falso.

“Posterior a ello, el sábado fueron trasladados a Pacho Viejo, les tomaron la declaración y los están acusando por intento de homicidio y que portaban un puñal. Los licenciados que están defendiendo a los abogados ya vieron parte del video y en ningún momento se ve un arma blanca que manifiesta el abogado sinvergüenza que llevaban. Queremos justicia, que sean liberados de inmediato. Si no, acudiremos a la autoridad como la gobernadora Rocío Nahle. Si ella no hace caso acudiremos a instancias de la Federación”, dijo.

Explicó que la madre de uno de los detenidos acudió a Pacho Viejo y relató que un abogado se le acercó y le pidió 400 mil pesos para que su hijo pudiera salir en libertad: “300 mil pesos eran para él como abogado y 100 mil pesos eran para dárselos a la Fiscalía que lleva el caso, así dijo la señora. Obviamente eso nos demuestra que el Poder Judicial no está caminando como lo menciona la Cuarta T”, afirmó.

Finalmente, los jubilados pidieron la intervención de la Gobernadora para que se aclaren los hechos y se aplique la Ley a quien resulte responsable.