Denuncian irregularidades en juicio de ganadero veracruzano del sur, en la CDMX

El ganadero Jhovani Aguirre Benítez, quien tiene su rancho y operaciones en Suchilapan, municipio de Jesús Carranza, al sur de Veracruz, fue sentenciado a 8 años de prisión por los delitos de portación de arma de fuego prohibida y posesión de mil gramos de cocaína que, de acuerdo con sus abogados, fueron sembrados en su camioneta poco después de su detención.

El veracruzano fue detenido en la Ciudad de México el 14 de agosto de 2021 por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) que presuntamente responden a los intereses de Álvaro Sánchez Sánchez, supuesto integrante de la delincuencia organizada con hegemonía en el Estado de México.

Pese al supuesto cúmulo de inconsistencias que obran en el expediente 364/2021 y el juicio oral 07/2022, el empresario está preso desde hace más de un año en la Ciudad de México y un juez ya dictó el fallo, esto, señalaron abogados, familiares y amigos.

Además, la familia ha recibido amenazas de muerte y de despojo de sus propiedades en Veracruz –casas, ranchos y ganado– por lo que temen por su vida y piden la protección de las autoridades federales.

Tanto abogados como familiares han señalado en diversas ocasiones que las declaraciones de los policías que hicieron la detención de Aguirre Benítez son contradictorias; existen testimonios falsos, tergiversados y discordantes, además de que hubo violaciones graves durante todo el juicio que no pudieron ser interpeladas por un abogado de oficio, ya que le fue negada una defensa.

Según lo expuesto por familiares, quienes se han manifestado en la Ciudad de México para pedir justicia, el empresario ganadero tuvo diferencias con Álvaro Sánchez, supuesto jefe del Cártel de los Hermanos Sánchez” debido a que se negó en varias ocasiones a colaborar con él en el tráfico de drogas.

Según las versiones de familiares, el supuesto delincuente quería que el empresario le apoyara prestando sus camiones para mover cocaína desde Chiapas para luego introducirla a Estados Unidos. Sánchez le insistió en que lo apoyara y como Aguirre Benítez se negó, presuntamente comenzó a maquinar la venganza hasta que logró encarcelarlo.

De igual modo, los abogados refirieron que Álvaro Sánchez pagó a policías y autoridades y así pudo fabricarle diversos delitos, entre otros, un robo de 2 mil 500 pesos en perjuicio de una señora que, de acuerdo con Aguirre Benítez, no la conocía.

También lo acusaron falsamente de trata de personas y que tras su detención le hallaron una pistola .380 en su camioneta, así como mil gramos de cocaína que aparecieron en su vehículo 17 horas después de la captura, lo que evidencia que Sánchez Sánchez ordenó que se les sembraran para incriminarlo en contubernio con los agentes policiacos.

La sentencia del empresario Veracruzano se dictó el 27 de octubre, pero Aguirre Benítez fue notificado el lunes 7 del presente en el reclusorio Santa Marta Acatitla, donde se encuentra recluido desde hace poco más de un mes después de haber sido removido del reclusorio Norte por las supuestas órdenes de Sánchez Sánchez.

Sobre el cambio de cárcel, Aguirre Benítez señala que el director del reclusorio norte –Luis Ángel Hernández Salas– le comentó que Sánchez Sánchez le ofreció dinero para que lo cambiara de prisión. De esa forma, Aguirre fue trasladado al penal de Santa Marta Acatitla, donde fue internado en una zona restringida de las que se conocen como área de castigo, en la que permanece incluso incomunicado a pesar de no haber enfrentado ningún conflicto o mala conducta, según afirma.

Como medida de protesta, la semana pasada aproximadamente 100 trabajadores y empleados del empresario ganadero se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México durante dos días consecutivos; posteriormente realizaron un plantón en la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y en el Centro Nacional de Inteligencia, donde se ventila su caso.

En esas dependencias protestaron por los agravios y violaciones que obran en el expediente y que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, responsable del enjuiciamiento, pasó por alto presuntamente por haber recibido presiones.

Para finalizar, se adelantó que la defensa de Aguirre Benítez apelará el fallo judicial por estar plagado de inconsistencias; además, en los próximos días empleados y trabajadores del detenido realizarán nuevos plantones y protestas en la Ciudad de México para exigir la liberación de su patrón, de quien afirman es totalmente inocente y que su captura fue producto de una venganza.