Momentos de incertidumbre, impotencia y dolor vivió la familia de María Manuela Solano Guzmán luego de que presuntamente por una decisión del Registro Civil de Mariano Escobedo, se les negara inicialmente la autorización para sepultar a su familiar, pese a que habían cumplido con todos los trámites requeridos por la autoridad.
Los familiares relataron que el proceso administrativo había quedado concluido desde un día antes de la inhumación. María Ernestina, hermana de la fallecida, acudió a realizar el pago de 129 pesos correspondiente a la apertura de fosa y demás derechos, obteniendo el comprobante oficial emitido por el Ayuntamiento. Sin embargo, cuando el cortejo llegó para efectuar el entierro, el oficial del Registro Civil, Leobardo Cabrera Quintana, informó que el procedimiento no podía continuar debido a que la persona fallecida correspondía al municipio de Ixhuatlancillo, por lo que debía tramitarse una autorización adicional ante esa autoridad.
La decisión provocó retrasos en el sepelio y obligó a los familiares a realizar nuevas gestiones en medio del duelo. La situación fue expuesta ante el representante de la Comisión de Derechos Humanos (CIDEA), Mario Arturo Méndez Ramírez, quien intervino para dialogar con las autoridades municipales.
De acuerdo con los denunciantes, después de esa intervención el Ayuntamiento reconoció que existía un error administrativo y procedió a devolver el dinero que previamente había cobrado por el trámite. No obstante, los familiares sostuvieron que el daño emocional ya estaba hecho, pues nadie les devolvería la tranquilidad perdida durante uno de los momentos más difíciles para la familia.
Finalmente, pidieron que las autoridades correspondientes investiguen lo ocurrido y determinen si existió alguna responsabilidad por parte del oficial del Registro Civil. Además, señalaron que esperan que ningún otro ciudadano tenga que enfrentar obstáculos burocráticos cuando atraviesa por la pérdida de un ser querido.